Empresas “nacionalizadas” operan como privadas

El senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, denunció ayer que, al menos, 13 empresas “nacionalizadas” por la administración del presidente Evo Morales operan como entidades privadas y que pese a la vigencia de la Ley 466 de Empresas Públicas, las mismas aún no se constituyeron como empresas mixtas bajo administración estatal. Según explicó el congresista, la situación se agravó con la inversión que habrían realizado ejecutivos de YPFB en favor de la empresa, Air BP, que opera como privada, refugiándose en el Código de Comercio cuando son estatales.

Sobre este tema, el ministro de Economía, Mario Guillén, dijo que las referidas entidades públicas fueron constituidas como empresas de economía mixta al amparo de la Ley de Empresas y el Código de Comercio. Desestimó que hayan denegado información al senador Ortiz. Sin embargo, aclaró que en resguardo del secreto bancario algunos requerimientos del parlamentario opositor no fueron considerados “porque se pretendía vulnerar normativa referida al secreto bancario”, manifestó ayer.

PLAZO

El senador Ortíz mencionó que la ley establecía un plazo de cinco años para que las empresas “nacionalizadas” pasen a la categoría de entidades mixtas, que prevé la Constitución, pero pasó el tiempo, y la situación de Sociedad Anónima que hoy detentan no se modificó.

El legislador informó que son 13: YPFB Chaco S.A, YPFB Transporte S.A; Entel S.A; Compañía Eléctrica Central Bulo Bulo S.A; Empresa Eléctrica Corani S.A; Empresa Eléctrica Guaracachi; Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A; Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba –ELFEC S.A; Distribuidora de Electricidad La Paz S.A: - Delapaz; Compañía Administradora de Empresas de Bolivia S.A. CADEB; Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro S.A –Elfeo; Empresa de Servicios Edeser S.A – Edeser; y Transportadora de Electricidad S.A.

La Ley 466 creó el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (COSEEP), máxima instancia de definición de políticas, estrategias y lineamientos generales para gestión empresarial pública presidido por el Ministerio de la Presidencia.

VACÍO LEGAL

Ortíz señaló que el Consejo incumplió deberes y abrió un vacío legal que permite a las mismas regirse bajo el Código de Comercio, por lo que no se rigen bajo las Normas Básicas de Bienes y Servicios, y esta situación permite que su personal sea contratado bajo la Ley General del Trabajo, con sueldos superiores a 20.000 bolivianos. Dijo que por esa figura jurídica las empresas se niegan a brindar información al Órgano Legislativo.