Autoridades de Nicaragua ordenaron violaciones de derechos humanos

Madrid.- Amnistía Internacional (AI) denunció ayer violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua con conocimiento de las "más altas autoridades del Estado, entre ellas el presidente y la vicepresidenta" -Daniel Ortega y Rosario Murillo-, y también, en muchas ocasiones, "bajo su orden y control".

Consta así en el informe "Sembrando el terror", presentado hoy en Madrid y que documenta 25 casos de violaciones de derechos humanos ocurridas ente el 30 de mayo y el 18 de septiembre pasados: personas muertas, privadas de libertad o presuntamente torturadas, según AI.

Según la agencia EFE, Organizaciones humanitarias nacionales e internacionales estiman entre 322 y 512 personas muertas durante las protestas ciudadanas contra Ortega, que comenzaron el 18 de abril debido a unas reformas de la seguridad social, luego anuladas.

El Gobierno de Managua, por su parte, reduce la cifra de víctimas mortales a 199, denuncia un intento de golpe de Estado y niega las acusaciones de violaciones de derechos humanos.

ESTADO

"El Estado nicaragüense mantuvo un discurso criminalizador, en el que denominó 'terrorista' o 'golpista' a toda persona que se manifestara en contra del Gobierno, con el fin de justificar sus acciones violentas", argumenta AI en el estudio, el segundo que elabora sobre la crisis nicaragüense.

La directora de AI para las Américas, Erika Guevara-Rosas, comentó en rueda de prensa el "incremento de la represión violenta por el Estado", con uso de la fuerza "excesivo y muchas veces letal" por "grupos armados progubernamentales" coordinados con la Policía, y pidió que los responsables sean llevados ante la Justicia, reportó la agencia EFE.

El estudio también denuncia el empleo de "armas de tipo militar" para "reprimir" las protestas y añade que el Estado usó la "tortura".

Para este informe, AI realizó dos misiones de documentación en Nicaragua y Costa Rica, con 115 entrevistas de víctimas, familiares, testigos, personal médico y activistas de derechos humanos. Un equipo de expertos analizó más de 80 documentos audiovisuales y fotográficos.

VIOLACIONES

"Estas violaciones (de derechos humanos) se llevaron a cabo -precisa el informe- no solo con conocimiento de las más altas autoridades del Estado nicaragüense, entre ellas el presidente y la vicepresidenta de la República, sino también (en muchas ocasiones) bajo su orden y control".

No solo hubo un uso "excesivo, desproporcional y en muchas ocasiones indiscriminado de la fuerza letal", sino también "posibles ejecuciones extrajudiciales", seis según el informe.

AI constató también la "reticencia" de las víctimas a denunciar, pues las garantías procesales judiciales básicas no se cumplen en Nicaragua, apostilló Pilar Sanmartín, investigadora de crisis de la ong.

Sanmartín reconoció que algunos manifestantes emplearon "cierto grado de violencia" con armas de fuego.

La agencia EFE publicó la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo en el mismo acto que no se ve salida en un país "moralmente destruido", con "hostigamiento" a los activistas de derechos humanos y periodistas y donde se ha "traicionado" la revolución y "destruido" a la oposición.

AI urge a Ortega a desmantelar los "grupos parapoliciales", cesar la "persecución y detenciones arbitrarias" y garantizar las libertades.

La organización pide a España que no vuelva a enviar armas a Nicaragua y trabaje para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU convoque una sesión especial sobre la situación en ese país.

VÍCTIMAS

El Nuevo Diario informó que al amanecer del 17 de julio Álvaro Antonio Gómez, su esposa y sus dos hijos despertaron por el sonido de los disparos de armas de fuego. También oían voces, algo distante.

Ese día en el barrio Monimbó, en Masaya, civiles armados enmascarados y fuerzas policiales realizaron la “operación limpieza” para derribar los tranques colocados por los protestantes antigubernamentales en las principales vías de la ciudad.

Como resultado del operativo, hubo cuatro fallecidos, entre ellos un agente policial, y detuvieron a por lo menos 70 personas, según información de organismos defensores de los derechos humanos.

Gómez y su familia se vieron forzados a dejar su vivienda y refugiarse en casas de amigos o parientes, para sortear la persecución que se desató en el barrio.

“Ese mismo día, familiares nos ayudaron a salir de la ciudad y estuvimos ocultos en las zonas de la periferia de Masaya”, recordó Gómez.

El hombre, de 48 años, es el padre de Álvaro Alfredo Gómez, una de las primeras víctimas de la represión a las protestas antigubernamentales. El joven, que laboraba como obrero en una zona franca y estudiaba Finanzas, recibió un disparo en el pecho el 20 de abril en una barricada de Monimbó. Tenía 23 años. (EFE - Agencias)