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Caso desfalco Banco Unión

Juan Pari fue torturado en Chonchocoro

La defensa legal de Pari, Miguel Castaños, pide al Ministerio de Gobierno garantías y sea cambiado de recinto penitenciario. Las autoridades afirman que están investigando el caso


EL CUERPO DE JUAN PARI REVELA LA GRAVEDAD DE LA GOLPIZA PROPINADA.

El principal implicado en desfalco de Bs 37,6 millones al Banco Unión, Juan Franz Pari, fue torturado y flagelado en el penal de Chonchocoro, por lo que su abogado, Miguel Castaños, presentó un memorial pidiendo garantías del Ministerio de Gobierno. Asimismo, anunció que este extremo pondrá en conocimiento de las instancias internacionales al amparo de los convenios de respeto a los derechos de las personas privadas de libertad.

“A Franz Pari lo han torturado, flagelado, hay mucha diferencia entre agresión, tortura y flagelación, las fotos demuestran que ha sido brutalmente golpeado entre las extremidades superiores e inferiores, fosas nasales, espalda, la rodilla, prácticamente fue destrozada la humanidad de Juan Pari”, informó.

La tarde de ayer, la defensa legal de Pari presentó un memorial al Ministro de Gobierno explicando los detalles de lo ocurrido y pidiendo garantías para su defendido. Asimismo, se enviaron notas a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que realicen los peritajes correspondientes.

Castaños afirmó que su defendido teme por su vida, por lo que pide ser trasladado del penal de alta seguridad “San Pedro de Chonchocoro” a otra penitenciaría considerando que en ese recinto asesinaron reos, como Victor Hugo Escóbar, alias el ‘Oti’ que perdió la vida, tras recibir 20 puñaladas en Chonchocoro y recientemente a Hardy Gómez, de igual forma con severos signos de violencia.

El jurista aseguró que estas actitudes son delictivas que atentan contra principios procesales de la Convención de las Naciones Unidas, contra los Derechos Humanos, Convenios y Tratados de respeto a los derechos de los privados de libertad y de los que el Estado es signatario.

“Tiene que investigarse quién, o quiénes, y por qué han tomado esa conducta de los funcionarios policiales contra los privados de libertad como Juan Pari y otros tres reos”, aseveró Castaños.

El abogado recordó que Pari y su amigo Alexis C. denunciaron al fiscal Erlan Almanza, quien les exigía dinero a cambio de favores en el proceso.

“La pregunta es por qué no lo detienen a él (Erlan Almanza), existen suficientes indicios para cautelarlo. Por qué la comisión de fiscales no hace ese acto procesal, cuando ha presentado su declaración, por qué no se lo ha procesado, por qué no se ha realizado el careo entre señor Alexis, Erlan y Juan que he solicitado al Ministerio Público. Es que hay protección hacia un amigo que es fiscal y el otro amigo que es director funcional de las investigaciones. Esto está llegando a extremos”, denunció.

A su turno, la directora departamental de Régimen Penitenciario, Delia Illanes, aseguró que se está investigando la denuncia y de corroborar procederán de acuerdo a norma.

Illanes manifestó que tomaron contacto con Juan Pari, quien dio dos versiones de lo ocurrido, la de haberse resbalado y la segunda denunciando el extremo.

“Vamos a iniciar los procesos que deban realizarse en base a toda la investigación y los informes que podamos recabar. Pari ha manejado dos versiones y eso genera confusión, en primera instancia dijo que se habría resbalado pero ya en confianza dijo que recibió golpes, por ello nosotros en el marco de la ley vamos a proceder a recabar toda la información verídica”, apuntó.

Por otro lado, el psicoterapeuta Andrés Gautier, del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal (ITEI), manifestó que Bolivia firmó la convención contra la tortura de las Naciones Unidas que estipula que no hay ninguna excepción en el trato a las personas privadas de libertad y es obligación del Estado brindar seguridad a todos los bolivianos.

“El Estado firmando la convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, se compromete en erradicar como método de investigación o de confesión todo tipo de tortura y de malos tratos. El Estado debe brindar la seguridad de los presos”, aseguró.

 
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