Santa Cruz, abusos de la Policía en aniversario

Existen grandes experiencias que la Policía conoce porque ha sido parte activa y principal de su actuación en situación de represión de marchas, manifestaciones con hechos extremos que se han producido en el país; en todo caso, esas experiencias se deben a lo ocurrido cuando las protestas se producen en contra del gobierno de turno, y la Policía se ve obligada a intervenir; pero nada constructivo hay en lo que hagan los efectivos policiales que, casi normalmente, desatan furia en contra de manifestantes pacíficos.

Últimamente, con motivo del aniversario cívico de Santa Cruz, hubo despliegue de policías que han cometido abusos contra la población que demandaba su derecho de intervenir en los festejos de aniversario del departamento. Los policías, munidos de “laques” y gases lacrimógenos, han atentado contra ancianos, mujeres y niños con miras “a poner orden y resguardar a la población”, una población que ha sido agredida por efectivos que han mostrado, con los abusos contundentes, su apoyo al gobierno y, muchos de ellos, su apego al partido MAS, que también actúa conjuntamente los policías cuando se trata de manifestaciones y marchas de gente que protesta o exige el cumplimiento de las leyes.

Autoridades, instituciones y pueblo de Santa Cruz han elevado protestas por lo ocurrido; pero lo grave es que jamás se pone freno a intemperancias o actitudes exageradas de los policías que no tienen noción de que ellos están al servicio de la población, que sus servicios deben concretarse a guardar el orden, evitar extremos de infiltrados en las marchas, que son los que cometen excesos contra comerciantes y tiendas de abasto; que son, en definitiva, los que actúan impunemente, muchas veces respaldados por los mismos cuadros policiales que aplican las políticas del “dejar hacer y dejar pasar” porque, según declaran muchos de sus componentes, “hay que sentar la mano a los extremistas que complotan contra el gobierno”.

Los comandantes de la institución han prometido varias veces investigaciones para establecer culpabilidad de quienes han intervenido arbitrariamente en actitudes represivas, excediéndose de los límites a que están autorizados porque muchos de ellos consideran que el uniforme les da autoridad impune para cometer abusos. Lo lamentable es que la institución y el propio Ministerio de Gobierno que compromete investigaciones y sanciones, no cumplen sus compromisos y los hechos y abusos contra la población se repiten en toda circunstancia y, hay casos en que se pide “la identificación de los culpables por parte de las víctimas”, pedido imposible de cumplir. En todo caso, es deber de ellos identificar a los culpables que normalmente pertenecen a sus cuadros que han sido desplazados, especialmente con miras a “reprimir como sea”. ¿Hasta cuándo será casi normal este tipo de excesos, sin que nadie les ponga freno?