Aprehendido por caso Apolo denunció tortura

Juan Bascopé Cari, procesado por el caso Apolo, fue detenido el 17 julio de 2014 y denuncia que desde ese día hasta el 20 de julio de ese año, fue torturado por policías y militares para obligarle a autoincriminarse por la muerte de cuatro efectivos de Policía y del Ejército que ingresaron a la comunidad Miraflores, Apolo, para erradicar coca en octubre de 2013.

Con un caminar lento, con visibles marcas de la tortura que se le infligió, pero con un brillo de esperanza en los ojos, Juan Bascopé concedió una entrevista a EL DIARIO en el penal de San Pedro, para que el país conozca este caso y cómo fue su vida desde el 17 de julio de 2014.

Recuerda que el 2013 hubo un enfrentamiento entre productores cocaleros y erradicadores. “Había fuego cruzado, vi que alguien cayó y por eso llamé al Presidente de la Asociación de Productores de Miel de Abeja, del cual yo era el Vicepresidente. Él era coronel, lo llamé para que venga a ayudar, le expliqué lo que estaba pasando, pero él dijo que estaba sobrevolando, creo que interpretó mal lo que le dije y me acusaron de yo haber asesinado a las personas que murieron, además de inculparme por lesiones graves y leves, portación de armas y encubrimiento, yo solo lo llamé para pedir auxilio”, recuerda.

El 17 de julio de 2014, Juan Bascopé compraba semillas de hortalizas en una tienda de Mapiri, allí un oficial vestido de civil se le acercó y le mostró una fotografía suya preguntándole si era él, le dijo que sí, e inmediatamente aparecieron tres vagonetas de donde bajaron civiles y uniformados para meterlo dentro.

Los efectivos le condujeron hasta su domicilio, allí le entregaron un mandamiento de aprehensión, mismo que le hicieron firmar, posteriormente le sacaron fotografías y requisaron su casa, donde no encontraron nada.

Pasaron unos minutos y volvió a ser ingresado a una de las vagonetas y lo llevaron hasta un monte donde llegó un helicóptero y lo condujeron hasta el aeropuerto de El Alto. Allí lo esperaban el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, y algunos medios de comunicación.

De allí, fue conducido al Centro Especial de Investigación Policial (CEIP), ubicado en la zona de Obrajes de La Paz, donde fue golpeado y torturado como nunca imaginó. Mientras le propinaban los golpes, escuchó que la orden era quitarle la vida.

El día 18 de julio de 2014, al promediar las cuatro de la madrugada lo trasladaron hasta el lugar de los hechos, del operativo donde participaron 80 efectivos militares de inteligencia y policías.

El momento en el que prestaba su declaración a los investigadores, entraron policías, nuevamente lo golpearon y lo condujeron hasta un helicóptero. Allí lo sentaron a lado del piloto y subieron otras cuatro personas más, entre ellos el fiscal.

Juan Bascopé relata que pleno vuelo lo amenazaron con arrojarlo al vacío, lo tomaron del brazo e hicieron el ademan de lanzarlo si es que no declaraba dónde estaban las armas, pero él no sabía ni entendía de lo que le hablaban, por lo que se asustó y en medio de llanto, clamó a Dios por su vida, en ese segundo el piloto informó que no había visibilidad, volvieron a cerrar la puerta del helicóptero y se pusieron los cinturones de seguridad para retornar.

Posteriormente, fue trasladado por tierra hasta Apolo donde llegaron cerca de la una de la madrugada. Los efectivos le ordenaron que los conduzca a la casa de su sobrino, así lo hizo, y al abrir la puerta, su familiar se asustó al ver varias vagonetas y los policías le dijeron: “habla, a las buenas o malas hablarás”, y empezaron a golpearlo.

Como a las tres de la madrugada, recuerda, fueron hasta la comunidad de Miraflores, al lugar de los hechos y al no encontrar nada los oficiales se enfurecieron y nuevamente empezaron con la tortura, primero lo pusieron contra la pared de la escuela del pueblo y lo golpearon hasta dejarlo casi muerto, lo volvieron a subir al vehículo y se dirigieron a la estación de servicios de Apolo, allí le pidieron dinero y les dio los Bs 50 que traía consigo.

En esa circunstancia uno de los uniformados de los “Diablos Rojos”, le puso un fierro entre sus dedos y entre dos efectivos bordearon su mano con mucha presión, como si le estuvieran vendando, y empezaron a propinarle puñetes, patadas en todo el trayecto, dejándole inconsciente en varias oportunidades.

Durante todo ese tiempo, Juan no comió ni tomó agua, no pudo contactarse con abogado y mucho menos pudo ver a algún familiar.

Al retornar lo dejaron en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de El Alto, allí su hermana y su prima que lo buscaron en varios lugares entre hospitales y la misma morgue, pudieron verlo, pagando una “coima” al guardia de seguridad de turno, al fin después de cuatro días, pudo probar bocado, aunque el dolor era insoportable.

Posteriormente le condujeron a San Pedro, allí la orden era acabar con su vida, y decir que fue un problema entre reos. Sin embargo, por azares del destino, los presos se declararon en huelga y nadie podía entrar ni salir de ese recinto, por lo que lo dejaron en el gimnasio con una polera y pantalón de algodón y nada más para cubrirse.

Ya estando en celdas, pidió ser atendido por el médico de la penitenciaría, Harold Reyes, pero este se negaba. A insistencia del delegado del sector, le dieron Ibuprofeno (fármaco analgésico y desinflamante, para soportar el dolor de las costillas rotas y otros golpes).

No fue, sino hasta el 10 de febrero de 2015, que tuvo opción de realizarse un examen médico gracias a la intervención de algunas instancias a las que recurrió para que se respeten sus derechos humanos.

El saldo de la tortura que Juan recibió por efectivos militares, de la Policía, inclusive de los investigadores del caso, son tres costillas rotas, ambos hombros dislocados, el tórax lesionado, las manos con los nervios destrozados y profundos dolores en el ombligo.

La juez Dina Larrea de la ciudad de El Alto que entonces ofició su audiencia cautelar lo envió a la cárcel en julio de 2014 y dejó su caso en el olvido, los fiscales que al inicio se encargaron de la investigación, y que también fueron testigos de las torturas, según la denuncia de Juna Bautista, fueron removidos.

Por insistencia de Juan, que acudió a organismos nacionales e internacionales, por fin después de cuatro años y tres meses de encierro, hoy, lunes, 22 de octubre, será su primera audiencia.

OPERATIVO DE ERRADICACIÓN

En octubre de 2013, se produjo una incursión violenta a varias comunidades de Apolo con motivo de la erradicación de coca excedente. Varias investigaciones establecen que la incursión de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), de Policías y Militares no fue precisamente a plantaciones excedentes, sino a zonas de producción identificadas como tradicional.

Resultado de esta violenta incursión, se produjo el deceso de cuatro personas, Willy Yujra Mamani, suboficial de la Fuerza Naval; Michael Joel Olivares, médico; Johnny Reynaldo Quispe Chura y Oscar Gironda Porres, subtenientes del Ejército. Además de 30 heridos y 17 detenidos enviados a la cárcel de Patacamaya.

Más de cien niños y sus familias fueron refugiados en la Iglesia de Apolo bajo la protección del padre Dionicio Zabala, contra quien el Gobierno lanzó una feroz campaña de desprestigio.

El entonces asambleísta departamental, Víctor León Chalco, fue secuestrado durante algunas horas por personas encapuchados, que le exigían nombres de dirigentes de Apolo.

Juan Bascopé, actualmente, es el único aprehendido por el caso lo que motivó la llegada de una Comisión de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas, contra la tortura.

Testimonios que recogió la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, en noviembre de 2013, dan cuenta que policías y militares de la FTC, haciendo uso desproporcionado de la fuerza cometieron varios abusos y atropellos, entre los más traumáticos citaron la gasificación dentro de los hogares lanzando granadas de gas por las ventanas, sin considerar que en el interior estaban refugiados niños, mujeres y adultos mayores.

Allanaron domicilios, golpearon ancianos, destrozaron sus viviendas.Mientras duró su estadía en las comunidades, las tropas de erradicación no sólo causaron destrozos, sino que utilizaron los víveres de los campesinos y en muchos casos les dejaron prácticamente sin comer.

“Cuando he ido a mi casa, ellos (FTC) encontré que habían cocinado, tenía un poco de arroz, fideo algunos víveres cuando he vuelto no había nada, hasta las ollas se las sacaron, ni pollos he encontrado se los han comido, (contó llorando)”, dice uno de los testimonios.

CONVENIO CONTRA TRATO INHUMANO

En declaraciones anteriores a EL DIARIO, el Instituto de Terapia e Investigación (ITEI) sostuvo que la tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes siguen siendo el método de investigación y confesión más utilizado por la Policía y que los gobiernos de turno, incluido el actual, no realizaron acciones concretas para que esta situación cambie.

Emma Bolshia Bravo, directora del ITEI, denunció que la tortura en instancias judiciales se realiza en complicidad y anuencia de las autoridades.

“Es el método de investigación más barato y esa es una de las razones por la cual a la Policía no se la forma en métodos científicos, por el contrario se la entrena en el uso de la tortura como medio de amedrentamiento”, manifestó Bravo.

La Policía aún mantiene la picana eléctrica, golpes en partes sensibles, la asfixia (bolsa en la cabeza), amenazas, tortura sicológica, entre las más recurrentes como método para obtener información.

Bolivia ratificó en 1999 la Convención contra la tortura, rato cruel, inhumano o degradante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en 2005 ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Sin embargo, hasta la fecha no tiene una figura penal adecuada mientras los casos denunciados van en aumento, según el informe presentado por la Defensoría del Pueblo en la gestión anterior.

El último informe de la Defensoría del Pueblo sobre este tema señala que entre enero y octubre de 2013 recibió y procesó 1.119 casos, 56 por ciento más respecto a gestiones anteriores a esa.