528 muertos por represiones

Managua.- La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh) elevó ayer a 528 el número de personas muertas durante la crisis sociopolítica de Nicaragua, desde el estallido social del 18 de abril.

Al menos 16 personas más perdieron la vida en Nicaragua en el contexto de la crisis desde el 24 de septiembre pasado, fecha del informe anterior de la Anpdh.

La organización resaltó que las personas perdieron la vida "en protestas cívicas como un derecho humano" frente al Gobierno del presidente Daniel Ortega.

Asimismo informó de 4.102 heridos en el mismo periodo, de los que 105 sufrieron lesiones graves con efectos permanentes, reportó la agencia EFE.

En el mismo contexto 1.609 nicaragüenses han sido presuntamente secuestrados "por grupos armados no autorizados", según la organización, los que identifica como "parapolicías", de los cuales 123 fueron encontrados con vida y 1.486 siguen sin aparecer o posiblemente están bajo "detención ilegal".

La Anpdh además informó de 472 personas, así como 20 policías, que recuperaron su libertad por mediación de la asociación y de la Iglesia católica.

En su informe la asociación reportó que se mantiene el "acoso policial o de organismos de seguridad en conjunto con grupos armados paramilitares y de choque, motivados por un fanatismo partidario fuera del marco de la ley (hacia) la población nicaragüense en general".

BIENES DESTRUIDOS

También señaló que existen 21 "viviendas destruidas a ciudadanos por protestar cívica y pacíficamente (...) por operaciones fuera del marco de la Ley de Grupos Armados Paramilitares y de choque, afines a la ideología partidaria del Gobierno de turno amparados por la Policía Nacional en Nicaragua".

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado".

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, debido al saldo mortal en las protestas.

AMNISTÍA

El cardenal Leopoldo Brenes indicó que hay opciones para que el Gobierno reaccione a la advertencia de la OEA, sin embargo dejó a su criterio escoger una alternativa para salir de la crisis.

Además, el cardenal aseguró que “la amnistía podría ser una de las tantas acciones que podrían tomarse”, sin embargo “creo que hay que valorar todo esto y lo importante es buscar los cauces de una cultura de paz, de sanación espiritual, muchas veces podemos reconciliarnos, pero allá en el fondo queda algo”.

Brenes hizo un llamado a reflexionar sobre que “un poder que se nos da es para servir. Siempre el poder es una tentación. El poder es enfermizo y descalifica a los otros”.

En su homilía, Brenes mencionó que el poder a veces se utilizaba mal. "Desgraciadamente en la vida nosotros los hombres, a veces no entendemos que un poder que se nos da es en vista al servicio", dijo el cardenal. (EFE - Agencias)

ARTÍCULO 20

Según el artículo 20 la Carta Democrática, en caso de grave "alteración" a la democracia en alguno de sus Estados miembros, se faculta al secretario general o cualquier país miembro a convocar inmediatamente a un Consejo Permanente para evaluar la situación.

“Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, para que esta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la carta de la organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”, rezó el párrafo tres del artículo 20 de la Carta Democrática.