Exigen certificación de calidad de agua

Las autoridades y pobladores de Caraparí exigen a los ministerios de Medio Ambiente y Agua e Hidrocarburos pronunciarse sobre las consecuencias del derrame de hidrocarburos del ducto de recolección del Pozo SAL- X12 en el bloque San Alberto y emitir un informe que certifique la calidad del agua.

El asambleísta Wilfredo Sulca, según El País, exigió un informe sobre el grado de contaminación de las aguas y las estrategias de mitigación que emplearán para recuperar su calidad. Una de las observaciones frecuentes es el silencio por parte de las autoridades nacionales cuando ocurren situaciones semejantes. Se denunció la muerte de animales que habitan este ecosistema y se presumió que la causa estaba relacionada con los trabajos de explotación de hidrocarburos.

El Estado, en todos los niveles, debe efectuar la información que la población solicita respecto a la situación ambiental que existe en su territorio. Mediante consenso con las autoridades de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), los corregidores y dirigentes de la Subcentral Campesina del Distrito 1 de Caraparí solicitaron que la Comisión de Desarrollo Humano de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) intervenga en el tema.

Esta Comisión viajará hasta el lugar del derrame hidrocarburífero para comprobar la magnitud de los daños y establecer el rango del desastre. “No se trata de decir en qué grado fue la contaminación sino la respuesta inmediata en la mitigación. Los daños han existido porque son líquidos que provienen de los pozos y contienen una alta contaminación”, acotó.

La denuncia por contaminación tiene como respaldo la mortandad de peces y otras especies que viven en las aguas, como cangrejos y anfibios. Además, los agricultores de la zona riegan sus producciones con el agua de la vertiente afectada. Si bien hay sistemas de agua potable, existen personas que están acostumbradas a realizar uso del agua de la quebrada.

Por otro lado, ayer se cumplió el plazo que los comunarios les dieron a las autoridades de los ministerios, el presidente de Petrobras, Marcos Benicio Pompa Antunes y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Oscar Barriga, para reunirse con la comunidad de San Alberto a fin de dar una explicación y resolver este conflicto.