Proyectos agrarios vulneran biodiversidad de Amazonia

El Gobierno implementa un paquete agrario que incluye proyectos que vulneran el patrimonio y la biodiversidad de la Amazonía aseguró el secretario de Tierra y Territorio de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (Fsutcp), Luis Rojas Mogrovejo.

Dijo que el modelo de desarrollo gubernamental desconoce las bases y acuerdos del pacto social suscrito luego de la Marcha Indígena Campesina del 2004, que sentó las bases de la Asamblea Constituyente y que, a su vez, consolidó la propuesta de Estado Plurinacional.

En una larga exposición durante las deliberaciones del quinto Foro Internacional Andino Amazónico de Desarrollo Rural, Rojas indicó que las decisiones de Estado, que incluyen decretos y leyes de última generación, vulneran la normativa vigente e incluso están por encima de la Constitución.

“Los decretos que autorizan la exploración y explotación de hidrocarburos en territorios indígenas, la mecanización de la agricultura y la ampliación de la frontera agrícola, entre los más recientes, así como la Ley 1098 del Etanol y Biodiesel, vulneran la riqueza, el patrimonio y la biodiversidad”, detalló.

Mientras se posterga la aprobación de iniciativas legislativas de indígenas y campesinos como la Ley de Desarrollo Integral de la Amazonia “Bruno Racua” y el Seguro Agroforestal.

Recordó que luego de ocho años de discusión y debate, el pasado mes de agosto el Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (Bocinab) realizó la entrega del proyecto de Ley de Desarrollo Integral de la Amazonía “Bruno Racua” a autoridades nacionales y organizaciones matrices con el objetivo principal de incidir ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación, pero “fue derivada al Viceministerio de Medio Ambiente que se niega a entregarnos el informe final del consultor que analizó la propuesta”.

Respecto al Seguro Agroforestal señaló que, aunque cada vez son más frecuentes los desastres ambientales como sequías, inundaciones e incendios, sólo Beni y Pando no cuentan con esa cobertura.

Rojas lamentó que “cuando se trata de los intereses empresariales no se pone ningún límite, no se exige estudios de consistencia ni se contratan consultores”, y denunció que “funcionarios del Viceministerio de Medio Ambiente llegaron al extremo de piratear la Ley de Bosques de Costa Rica para beneficiar a ganaderos y madereros”.

También lanzó duras críticas a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) que “supuestamente debe proteger los bosques, pero tumba árboles para meter soya, palma africana y caña, es indudable que las políticas públicas están al servicio de las empresas”.

Lamentó que no se saquen lecciones de frustrados proyectos y mencionó el caso del Fondo Indígena que gastó más de cuatro millones para tractores y orugas para sembrar en pastizales y barbechos que ni siquiera estaban identificados.

“Son proyectos mal elaborados, una oruga no va a poder avanzar más de 3 kilómetros, las comunidades no van a poder comprar un repuesto y la oruga terminará como chatarra. En el Fondo Indígena no nos enseñaron a gastar, no proyectaron iniciativas acorde a nuestras necesidades, pero luego nos metieron presos”, cuestionó.