Adrián J. Álvarez Arismendi
Las redes sociales por lo general no solo dan la posibilidad de intercambiar información y opinión. También han incursionado en la demanda y oferta de empleos, pero no garantizan la transparencia que requieren personas para solicitar las referencias necesarias.
Desde estafas, robos de identidad, hasta trata y tráfico de personas, han sido delitos denunciados en las instancias correspondientes, luego de que las víctimas o sus familiares dieron a conocer que llegaron a ser captados mediante ofertas realizadas en redes sociales.
Lastimosamente, algunas instancias responsables de la aplicación de normas de empleo, basadas en la Ley General del Trabajo, destinado a la población, se han quedado en la fase de la contratación “formal”, en las empresas legalmente establecidas, con domicilios jurídicos, siendo los propietarios de fácil acceso.
Todos estos elementos no se cumplen en las ofertas de empleo por redes sociales, por la fragilidad e inconsistencia con que pueden ser creados portales y diferentes páginas. Allí hay una construcción de atractivas ofertas de empleo, pero a la vez de dudosa procedencia. Es una de las tantas posibilidades a la cual acuden no solo los jóvenes que manejan nuevas tecnologías, sino incluso aquellos grupos sociales que, al no ser nativos de las nuevas tecnologías, creen que todas las publicaciones en redes sociales son elaboradas con “buena fe”.
Los contenidos en las redes sociales tienen ciertas características, desde presentar las mejores ofertas, bien remuneradas, pero muy pocas exigencias, aspecto que los hace muy “atractivos”. Están destinados a un público ansioso de empleo y de obtener un adecuado ingreso económico para beneficio de sus familias. Pero al mismo tiempo su necesidad se convierte en un riesgo, porque pocas veces buscará la forma de verificar la legitimidad y propiedad de esas ofertas.
Hasta el primer semestre de la presente gestión, hubo 226 casos de Trata y Tráfico de Personas, presentándose las mayores denuncias, con el 86.2%, en los departamentos de Beni, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Tarija.
De los cinco departamentos, en La Paz se registró 92 denuncias sobre personas desaparecidas, de las cuales si bien el 80% está referido a problemas de conducta de los adolescentes con sus padres, un porcentaje menor está relacionado con la aceptación de empleos tanto dentro como fuera del territorio nacional. Y se desconoce la cantidad de adolescentes y jóvenes de ambos sexos que fueron directamente captados, que a la fecha pueden estar enfrentando explotación laboral, sexual y otro tipo de delitos en contra de su humanidad.
Las ofertas de empleo en redes sociales, realizadas por personas de las que no se conoce su verdadera identificación, son tan inciertas, como en sorteos de lotería, donde uno puede cansarse de tantos intentos fortuitos.
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