CIDH busca conocer situación de DDHH en la región

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) invita a las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales interesados de los 35 estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a enviar información sobre la situación de derechos humanos en la región.

La información remitida será utilizada para la elaboración del capítulo IV A del informe anual de la CIDH correspondiente al año 2018 que será presentado ante la Asamblea General de la OEA.

Conforme a su Reglamento, cada año la CIDH debe realizar un informe anual sobre la situación de derechos humanos en la región. De acuerdo con el artículo 59.2 de dicha disposición reglamentaria, el informe anual debe incluir un capitulo denominado IV A, que refleje principalmente: tendencias, retos, avances y buenas prácticas que se han dado en materia de derechos humanos en los 35 Estados miembros de la OEA durante el año.

Para el Informe Anual de 2018, la CIDH hará un especial énfasis en los ejes transversales acordados en su Plan Estratégico 2017-2021: Institucionalización democrática, Institucionalidad en derechos humanos, Acceso a la justicia y Seguridad ciudadana; así como el Derecho al Medio Ambiente.

La CIDH recibirá a partir de hoy y hasta la medianoche del 2 de diciembre de 2018 (horario de Washington, D.C.) la información solicitada al correo electrónico: cidhmonitoreo@oas.org. La información puede ser enviada en español, inglés, francés y/o portugués. La información a ser enviada debe ser concisa, objetiva, con fuentes verificables, y referente a hechos ocurridos durante 2018.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

DENUNCIAS

Meses atrás, el presidente del Comité de DDHH del Instituto Interamericano por la Democracia (IID), Armando Valladares, envió una carta a la CIDH para denunciar maniobras antidemocráticas por parte del gobierno de Evo Morales.

La misiva busca poner en alerta al relator de la CIDH, José Eguiguren Praeli, que viaja el 14 de agosto a Bolivia en una misión oficial. El texto del IID identifica tres situaciones gravísimas a tener en cuenta. En primer término, “la utilización política de parte del Gobierno de Bolivia del Sistema Judicial para violar los Derechos Humanos”, ya que -según el IID- la judicialización de la persecución política “es de uso extendido y común desde hace años” por parte de Evo Morales. “El más reciente y extremo caso de esta situación se ha dado con el fallo del Tribunal Constitucional que, desconociendo el resultado del referendo del 21 de febrero del 2016, ha declarado que Evo Morales tiene el derecho humano de repostulación indefinida”, denunció en su carta.

En segundo lugar, alerta que -según datos verificados por cifras de la Acnur- existen más de 1. 200 exiliados políticos por persecución política. “Los exiliados bolivianos radican como refugiados y asilados políticos en Brasil, Paraguay, Perú, Estados Unidos y España y se encuentran en tal situación por la violación de sus derechos humanos, como el debido proceso, la ausencia de juez imparcial, la falta del debido proceso y otros”, revela el IID.

Por último, el Instituto también denuncia que en Bolivia existen perseguidos y presos políticos: “El derecho humano de la irretroactividad de la ley está violado por la Constitución del Estado Plurinacional y por leyes especiales con la que Evo Morales enjuicia y persigue a líderes cívicos, sindicales, políticos, periodistas y ciudadanos bolivianos”.

Otra denuncia parte de los indígenas del Tipnis que presentaron una acusación contra el Estado boliviano por violaciones a los derechos humanos contenidos y protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos y otros referidos al atentado a la propiedad colectiva indígena y riesgo de etnocidio de los pueblos Yuracaré, T’simane y Mojeño del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).