El Ministerio Público y su renovación

Desorden administrativo, carencia de independencia, deficiente personal, insuficiente presupuesto, prolongación de procesos, retardación de justicia y otros muchos problemas de grande y mínima cuantía pesan sobre el aparato judicial del Estado Plurinacional y al parecer habrían encontrado en el momento un punto de inflexión.

Esos asuntos, catalogados como de gravedad, aparecieron con agravantes desde el advenimiento del régimen del doble sexenio y fueron denunciados a diario, hasta hacer imprescindible la urgencia de su erradicación. Sin embargo, por el contrario, fueron aumentando en número y contenido, con pocas esperanzas de que sean extirpados o, por lo menos, reciban tratamiento de urgencia para frenar el malestar en el sistema judicial en su conjunto.

Fueron registrados casos de gran magnitud, como el del bebé Alexander, barcazas chinas, Fondo Indígena, casos Zapata y Pari, taladros chinos, terrorismo y otros, donde está involucrado el poder político, y que debían ser atendidos con preferencia, como una forma de saneamiento institucional.

Ante esas denuncias, esferas oficiales prometieron reformas, “cumbres”, etc., pero las recetas fueron peor que la enfermedad, al extremo de que las mismas autoridades declararon que “la justicia está podrida”, ofreciendo medidas “de fondo”, aunque de dientes para afuera. Se reconoció que la institución -en este caso el Ministerio Público- tenía problemas en la investigación y tratamiento penal de delitos, que había duración prolongada de los procesos, elevada cantidad de detenidos preventivos, abuso de la detención preventiva, utilizada como anticipo de pena, sobrecarga de trabajo, y una serie de actos graves que quedaban en la impunidad, como suspensión de audiencias y muchos más. Todos esos problemas eran el pan de cada día y el Ministerio Público era el pararrayos de esa deficiencia, con el agravante que mostraba dependencia del Ejecutivo e incumplía la Constitución.

La superación de ese orden de cosas se ha perfilado finalmente, a partir del momento en que un profesional recibió en sus manos la “papa” caliente, al ofrecer que el Ministerio Público encarará los problemas conforme a la legalidad y los intereses generales de la sociedad y la autonomía funcional, administrativa y financiera.