Protestan por “presos políticos” en Nicaragua

Managua.- Un grupo de defensores de los derechos humanos y manifestantes de Nicaragua realizaron ayer en Managua un plantón para exigir la libertad de cientos de "presos políticos", capturados en el contexto de la crisis sociopolítica que atraviesa el país.

Varios activistas, en su mayoría integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), se plantaron junto al portón del Complejo Judicial de Managua para demandar que sean liberados los 552 a 558 "presos políticos" que están en las cárceles de Nicaragua, según los organismos humanitarios.

La agencia EFE reflejó que el plantón se dio mientras los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, así como dos grupos de estudiantes universitarios, eran juzgados a puertas cerradas dentro del Complejo Judicial, situado en el norte de Managua.

"¡Libertad para presos políticos!", "¡Derecho que no se defiende es derecho que se pierde!", eran dos de las consignas que gritaron los activistas.

POLICÍAS

Un fuerte contingente de policías antimotines, superior en número, rodeó a los manifestantes, que respondieron con el grito "¡Protestar es un derecho, reprimir es un delito!".

Aunque el plantón se desarrolló de forma pacífica, se produjo un momento de tensión cuando los agentes arrebataron un cartel a los activistas, lo que la presidenta de Cenidh, Vilma Núñez, calificó de "agresión" y "provocación" para echarles "presos".

"No nos van a doblegar, es nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, no vamos a retroceder", dijo Núñez a periodistas.

Tras el incidente los manifestantes cantaron el himno de Nicaragua y se marcharon del lugar gritando: "¡No nos van a callar!".

Los campesinos y estudiantes no son considerados presos políticos por el Gobierno sino "terroristas" y "golpistas".

Según un informe emitido este lunes por el Ministerio de Gobernación, existen 273 "terroristas" capturados en el marco de la crisis, informó la agencia EFE.

Las cifras del Gobierno y de los organismos humanitarios también difieren en el número de muertos, ya que mientras los datos estatales informan de 199 víctimas, los defensores de derechos humanos estiman entre 325 y 528.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos. Ortega niega la responsabilidad y mantiene que sufre un intento de "golpe de Estado".

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia.

OPERATIVOS

El Nuevo Diario publicó las declaraciones de Julio César Espinoza Gallegos, un suboficial de antimotines de Carazo, quien decidió no reintegrarse a los operativos contra los protestantes y por eso fue detenido en su casa, aseguran familiares y su abogado.

En ese marco, el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro, defiende al ex policía antidisturbios, a quien la Fiscalía le atribuye seis delitos, entre los que sobresalen terrorismo, incendio y crimen organizado.

“Hay un dictamen médico en el que se indica que él (Julio César Espinoza) tiene una fractura en la cabeza, y también el acta donde él entregó su chip y su uniforme policial; pero después paramilitares allanaron su casa llevando una bolsa plástica color negro con pertrechos policiales que regaron en la casa para hacerlo como que él los tenía”, explicó el abogado defensor.

Ahora, junto a Julio César Espinoza, también enfrentan juicio Wilmer Baltodano Salinas, Raymundo Gutiérrez López y Alejandro Bermúdez Aguirre, quienes, según la Fiscalía, levantaron un tranque en el lugar conocido como Las Esquinas.

En el juicio que inició este lunes y continuará el próximo 15 de noviembre, la Fiscalía propuso llevar como prueba a cuatro testigos, entre los que destaca el llamado “Código Uno” o policía encubierto.

Por los hechos en que la Fiscalía involucra al expolicía, todavía no han sido capturados Cristhian Méndez Salamanca y Luis Guevara Alemán. (EFE - Agencias)