Olvidos sospechosos

La revelación de que YPFB Transportes no es un bien del Estado boliviano, porque en doce años no se perfeccionó el proceso de nacionalización, no ha merecido comentarios del gobierno, que no sean insultos proferidos en las redes sociales contra quienes comentaron la noticia.

PETRÓLEO ORO ZINC Ayer se completó el noveno día a la baja para el precio del petróleo con una caída de 18,39 por ciento en el precio en los últimos 30 días. La caída ha eliminado, casi por completo, las ganancias en el precio logradas desde principios de año. Una explicación es que el mercado habría elevado el precio más de lo que debía en expectativa de las sanciones a Irán. Un enfriamiento de la economía mundial y una caída en la demanda también explica la caída. Los bancos centrales de diferentes países han comprado 148 toneladas de oro en el tercer trimestre de 2018. La cifra es 22 por ciento superior a la del mismo periodo en 2017. El principal comprador fue Rusia con 92 toneladas. La demanda total en el tercer trimestre fue de 964,3 toneladas apenas 0,7 por ciento por encima de lo demandado en el mismo periodo de 2017. Los bancos centrales suelen comprar cuando estiman que el precio es bajo. Los almacenes de zinc de los mercados de metales del mundo no han estado tan vacíos desde hace 10 años y sin embargo, el precio no ha logrado remontar. Una de las explicaciones que ofrecen los expertos está relaciona al Irán cuyas exportaciones de acero están amenazadas por las sanciones impuestas por Estados Unidos desde principios de mes. Una reducción en el suministro de acero reduce la necesidad del zinc que se usa principalmente para galvanizarlo.

A principios de año se supo de un caso similar, también en el seno de la empresa estatal del petróleo, pues la expropiación de la BP Air, que debía dar lugar a YPFB Jet, tampoco fue perfeccionada por el gobierno del presidente Evo Morales.

El tema es preocupante, porque muestra la irresponsabilidad de una gestión de gobierno, que se da, lo demuestran estos dos casos, incluso en sectores llamados “estratégicos”, es decir de máxima importancia para el país.

En el caso de YPFB Transporte, la historia comienza con la llegada a Bolivia de Enron, la empresa de mayor desprestigio en el mundo a principios de este siglo, que expiró cometiendo la mayor estafa de la historia.

Esa empresa llegó a Bolivia de la mano del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que la benefició con la entrega de todos los ductos del país, comenzando por el entonces recién construido gasoducto a Brasil, que había sido financiado, en su tramo boliviano, por Petrobrás, para YPFB, con un crédito que sería pagado con la tarifa de transporte.

Después de la quiebra por 63.000 millones de dólares de Enron, el 2 de diciembre de 2001, se supo que los herederos de la empresa no querían deshacerse de los activos bolivianos, lo que dejó abierta la duda de cómo se puede mantener un activo en propiedad de una empresa quebrada.

Después vino el gobierno de Morales y el cuento de la nacionalización, un cuento en el que muchos creyeron, convencidos por la propaganda, nutrida y millonaria, que se hizo sobre “la recuperación del gas para los bolivianos”, nombre muy pomposo para un simple cambio de contratos.

En ese proceso hubo algunos misterios. Desaparecieron las auditorías que habían sido hechas a las empresas petroleras. El ingeniero Enrique Mariaca siguió preguntando por el destino de esas auditorías hasta sus últimos días de vida.

Quizá en ese misterio se explican estos “descuidos” del gobierno respecto de estos dos casos que han salido a la luz de manera casual, por accidente, pero que podrían ser solamente la punta de un ovillo muy gordo.

El futuro parlamento, y el futuro gobierno, con el respaldo de instituciones restablecidas, como la contraloría y la justicia, tendrá la tarea de descifrar estos y otros misterios, algunos de ellos por miles de millones de dólares, por los que habrá que iniciar todos los juicios de responsabilidades necesarios.

Los empresarios privados de Santa Cruz han ofrecido al gobierno aportar con US$ 260 millones para la construcción de Puerto Busch, que daría a Bolivia una salida soberana y expedita a los mares del mundo.	Pero el presidente Evo Morales ha respondido diciendo que el ofrecimiento de los empresarios deberá ser aprobado por los cocaleros del Chapare y las organizaciones sociales que apoyan a su gobierno.