Desfalco y situación de denunciantes

Carmen Vargas y Marihela Valdés, funcionarias del Banco Unión, la primera Jefa de Agencias y la segunda Subgerente Regional, denunciaron el desfalco de 37.6 millones de bolivianos por Juan Pari, y resultaron detenidas preventivamente en la Cárcel Femenina de Obrajes. Valdés permaneció un año, pese a que sufría de varias dolencias. Después de muchas gestiones judiciales salió del penal con detención domiciliaria. Sin embargo, la Juez Claudia Castro observó esta disposición de otro Juzgado Anticorrupción por presuntas “irregularidades”, reteniendo el caso por otros 12 días. Por fin, el Juez Alan Zárate, Segundo Anticorrupción, concedió el recurso por excusa de Claudia Castro. Zulma Siñani era cajera de la agencia de Achacachi, con tan sólo 2 meses de trabajo, está detenida y acusada de complicidad. Ella y Carmen Vargas permanecen en prisión preventiva. Todas son madres de niñas y niños de corta edad.

En este desfalco, el más grande de la historia bancaria del país, resaltan hechos tanto de la Justicia como de las autoridades financieras. Las funcionarias bancarias citadas pese a ser las denunciantes, tenían que ser investigadas, pero en libertad. En cambio Valdés fue retirada de sus funciones a pocos días de dar parte a sus inmediatos superiores y a continuación fue detenida. Ella y sus colegas sufren el señuelo de extorsión acostumbrado de jueces y fiscales, por decir lo menos. En función de ser más dilatada la detención crecen dichas expectativas para los operadores de la Justicia. Este caso tiene el acicate de tratarse de dependientes del Banco más importante del país.

Por otra parte, se hace muy sugestivo el despido casi inmediato de Valdés, cuando ésta se hallaba profundizando la investigación del desfalco. ¿Se trataba de impedir tal investigación interna? A su vez, el Jefe Nacional de Agencias del Banco Unión informó sobre las irregularidades de Pari al Gerente Nacional de Operaciones y a Auditoría Interna, según declaraciones de la ex Subgerente Regional.

Auditoría nunca respondió sobre por qué no alertó e informó, conociendo el desfalco oportunamente. Está claro que si estas funcionarias medias no denunciaban los trajines perpetrados por Pari en las agencias de Viacha, Batallas y Achacachi, sus acciones delictivas podían haber seguido indefinidamente. ¿Qué hicieron en estos extremos los niveles superiores de la casa financiera en cuestión?

Por su parte, la ASFI, la Contraloría del Estado y el Ministerio Público que lograron la prisión judicial de las nombradas empleadas, visiblemente se han limitado a ello, pero nadie sabe qué más hacen para que se esclarezca y se recupere el enorme capital desfalcado en este escandaloso caso. Es también claro que han detenido a las menos influyentes y carentes de poder en el Banco Unión y no hay más investigados ni detenidos. Otra vez contemplamos que en el país el denunciante es casi siempre el único preso. La advertencia parece ser: no denuncies delitos o terminarás entre rejas.