Gobierno indígena sindicalista

A partir de la ley de Participación Popular 1.551 (1994), Bolivia deja de tener un sistema de gobierno republicano e ingresa a un sistema de Gobierno Municipalista, con el nacimiento de 314 (ahora 339) Gobiernos Municipales, con jurisdicción territorial, autonomía de gestión e ingresos propios. En la división política republicana, las secciones de provincia se convierten en gobiernos municipales.

El territorio nacional, geográficamente, está especificado en rural y urbano. El rural bajo la administración del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y las Prefecturas, hoy Gobernaciones, y el área urbana, bajo la tuición de los municipios. En el ámbito urbano, hasta la fecha no hubo intervención directa del gobierno central, los profesionales ni mucho menos de las universidades, llamadas a dar el apoyo logístico para la formación del Sistema de Gobierno Municipalista, y coordinar con el gobierno nacional.

Ahora bien; Bolivia, en el momento, tiene un gobierno similar al que tuvo Brasil; gobernado por un dirigente sindical; los resultados los tenemos a la vista. El dirigente sindical boliviano, líder de un área económica ilegal; la zona del Chapare, productora de la coca que todos sabemos dónde va; el presidente nacional con la sigla del Movimiento al Socialismo (MAS), que no se lo puede considerar un partido político como tal, por no tener ideología ni mucho menos estructura orgánica definida en un sistema socialista; ha sometido a Bolivia a un proceso de manejo sindical. El gobernante Juan Evo Morales Ayma, auspiciado políticamente por un programa socio sindical, elaborado por gente extranjera que preparó todo el proceso; esto se lo puede deducir claramente por el documento “confidencial” de agosto de 2006 llamado la “Declaración de Orinoca” en el que se establece sistemáticamente todo el esquema gubernamental con un manejo de tipo sindical de todas las instituciones oficiales, convertidas en sindicatos del partido.

En su condición de diputado y luego en función de presidente, no dejó la dirigencia sindical de las seis regiones cocaleras del Chapare, sometido a los designios de sus bases, bajo las consignas de los extranjeros que prepararon y manejan el sistema gubernamental, se ve forzado a cumplir con lo programado aun entrando en la ilegalidad en todos los ámbitos políticos, para lograr sus objetivos.

Con la Ley 1.551, ningún gobierno se ha preocupado por elaborar el sistema de gobierno Municipalista. Hasta la fecha (23 años), la interpretación errónea del término “autonomía de gestión” ha dado lugar a que el gobierno central declare a los gobiernos municipales su carácter autónomo. “Gobierno Autónomo Municipal”.

Por esta situación, entramos en una incongruencia desastrosa; el Ejecutivo se desliga de toda relación con los gobiernos municipales y éstos a su vez, toman actitudes sin ningún sentido de gobierno nacional. No es lo mismo un municipio de un millón de habitantes que otro de tres mil; no pueden tener las mismas prerrogativas y haber 339 leyes totalmente dispares, sobre un tema de carácter nacional. Las alcaldías no deben ser autónomas, deben seguir siendo descentralizadas del gobierno central y para su manejo interno, tienen que seguir promoviendo sus “Ordenanzas Municipales” que tienen rango de ley internamente y reconocidas por el gobierno central.

El primer paso que se debe dar, para programar el gobierno de tipo Municipalista, es la implementación del Catastro Urbano, sistema al que deben ingresar todos los municipios para mejorar su imagen y economía con base en la ley nacional de catastro urbano y sus reglamentos.

Se debe salir del sistema actual de catastro fiscal (Impuestos) con el registro del contribuyente con base en una mal llamada declaración jurada, ingresar al registro del bien inmueble que, por la cantidad y calidad de información que levanta en campo, se convierte en la “información básica para la planificación”; creando la base de datos, archivo digitalizado y un software de aplicación, para procesar la información y sacar los resultados gráficos y alfanuméricos, previamente establecidos. El catastro urbano no es impuesto; aparte de ser la información básica para la planificación, es para dar seguridad jurídica del derecho propietario del bien inmueble.

Volviendo al tema del presidente dirigente sindical, Bolivia se encuentra desequilibrada por la intervención de los grupos sociales que sacan ventajas del gobierno con el compromiso de apoyo político. Con la llegada de Evo Morales al gobierno, se ingresa a un sistema de gobierno sindicalista. Eso se lo comprueba en todos los sectores sociales que lo presionan, empezando por los cocaleros del Chapare, las cooperativas mineras, la COB que perdió toda su estructura proletaria para ingresar como sindicato al servicio del gobierno; últimamente, los gremiales (reducidores del contrabando), que sacaron la tajada de aumentar sustancialmente su capital máximo de operación y no pagar impuestos (todo un súper Estado).

En el actual panorama electoral (2019), el tema fundamental es el respeto al 21F. El MAS ya nos ha dicho muchas veces que lo que menos le interesa es respetar las leyes y mucho menos la Constitución Política del Estado. Todos los pasos que ha dado y seguirá dando, siempre estarán en la ilegalidad; el objetivo está trazado: “Eternizarse en el Poder” porque tiene todas las armas bajo su mando. Tampoco acepta que alguna ley pueda estar sobre la Constitución. Cualquier procedimiento legal, que afecte al gobierno, no será respetado porque no puede volver atrás en su meta trazada.

Como corolario: el mar no hay que pedirles a los chilenos, hay que pedirles a los bolivianos. Me explico: anualmente, cuántas centenas de miles de dólares llevan a los puertos de Iquique y Arica, para traer chatarra de contrabando. Bolivia mantiene económicamente el norte de Chile y esa situación no la van a perder así porque sí. ¡Si mi suegra me mantiene, cómo me voy a divorciar!

Dios salve a Bolivia.