Patricia Ballivián debe ser investigada

Los legisladores de oposición y el oficialismo coincidieron que las investigaciones por el caso Lava Jato deben ampliarse contra Patricia Ballivián, expresidente del otrora Servicio Nacional de Caminos (SNC) y actual gerente general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem).

“Las investigaciones que hizo la comisión deben ser ampliadas contra Patricia Ballivián, porque era la presidenta del Servicio Nacional de Caminos y luego de la Administradora Boliviana de carreteras, ella debió conocer estas irregularidades. Además rechazó la invitación que le hizo la oposición”, señaló la senadora de Unidad Demócrata (UD), Jeanine Añez.

Por su parte el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lino Cárdenas dijo también que se debe investigar a las exautoridades que hayan sido parte del Servicio Nacional de Caminos. Aunque indicó que esta tarea debe ser encarada por el ministerio público. Anunció que cabe la posibilidad que la Asamblea Legislativa apruebe el informe de la Comisión Mixta de investigación.

Patricia Ballivián fue gerente general de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) creada el 25 de noviembre del 2006 hasta el 2010, incluso ya estaba al frente de esta institución antes de la primera gestión de Evo Morales, que asumió la dirección del SNC en el 2005.

Este medio intentó comunicarse con la funcionaria de Estado para conocer su versión sobre el caso; sin embargo, en el Sedem indicaron que estaba fuera de La Paz atendiendo otras actividades.

La Comisión de oposición citó a Patricia Ballivián para que pueda brindar mayores detalles sobre la construcción del tramo Roboré-El Carmen, El Carmen-Arroyo Concepción, que son parte de la construcción de la vía Santa Cruz- Puerto Suarez.

El diputado de UD, Norman Lazarte que es parte de la comisión del oficialismo, señaló que Ballivián también fue convocada para que explique sobre los procedimientos de contratación de la empresa Camargo Correa , el proceso de licitación y los informes de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

El candidato presidencial del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa, advirtió que legisladores de seis partidos políticos de la gestión 2005 son los responsables de presionar para a la aprobación de la Ley para que la firma se adjudique el contrato.

Además exigió que se revelen sus flujos migratorios para identificar quiénes sostuvieron reuniones con ejecutivos de Camargo Correa en Brasil

“¿Qué le dice el señor Marcos Wanderley a uno de sus funcionarios? ‘Ahora necesitamos que se apruebe la ley, para que la empresa tenga el contrato’ y para ello instruye arreglos con parlamentarios que estaban en el congreso de 2005 de partidos como el MAS, MNR, la UCS, la NFR, el MIR y la ADN; y se establece en ese correo que se iba a dar un fondo de 60.000 dólares para convencer a esos parlamentarios de que aceptaran aprobar ese contrato, y así ocurrió”, puntualizó mesa en un video difundido por sus redes sociales.

Entre las conclusiones de la Comisión recomendó que los antecedentes sean remitidos al ministerio público para su posterior investigación y establecer responsabilidades en contra de los implicados.

Al respecto Cárdenas indicó que hasta el momento la presidencia de la Asamblea Legislativa no definió la fecha para al tratamiento del informe final del caso Camargo Correa, aunque advirtió que sería después de la designación de los vocales al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que está previsto para el 4 de diciembre. Sin embargo, días después se definirá el receso parlamentario hasta mediados de enero del próximo año.

Por último, Mesa señaló que la finalidad de estas denuncias es para anular su carrera política, tomando en cuenta que es candidato a la presidencia por el FRI. Advirtió que este es un mecanismo de persecución política similar al que aplicó con el caso Misiles Chinos y Quiborax.