Tres y Cuatro años de cárcel para ciudadanos chinos

Santa Cruz.- Luego de 13 audiencias suspendidas, Li Ming y Yin Lan, de origen chino, naturalizado bolivianos fueron condenados a cuatro y tres años de cárcel, respectivamente acusados de daños al patrimonio natural y tráfico de colmillos de jaguar, puma, otros derivados de fauna silvestre.

“Habíamos solicitado seis años de cárcel, por la cantidad de animales silvestres que fueron sustraídos de sus habitad natural. A pesar de la pena que se les ha impuesto creemos que se ha sentado precedente”, aseguró la directora de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, Yandery Kempff

La autoridad cruceña afirmó que es un primer antecedente para que la población tome conciencia sobre esta situación y que existe sanción penal para este tipo de acciones.

Kempff instó a los operadores del Ministerio Público a seguir investigando el tráfico de animales silvestres y aseguró que el caso tiene que ver con una red internacional que se dedica a cometer el ilícito.

Los ciudadanos de origen asiático fueron arrestados en su restaurante de pollos en la avenida Grigotá, en febrero de este año, luego de una denuncia hecha por un ciudadano que observó que en el restaurante había un letrero que decía: “Se compran colmillos de jaguar”. Tras un allanamiento legal al ligar en el inmueble se encontró 185 colmillos, pieles y otras partes de animales silvestres, según El Deber Digital.

Debido al caso denominado “colmillos”, el Ministerio del Medio Ambiente ha sugerido declarar en 2019 como 'El año del jaguar' con el objetivo de encarar acciones que protejan al jaguar de Bolivia. "No queremos que esta especie desaparezca del país", afirmó la directora general de Biodiversidad de esta cartera de Estado, Teresa Pérez.

Una serie de evidencias acumuladas durante los últimos años alertó sobre el tráfico de colmillos de jaguar, actividad que estaría siendo promovida por ciudadanos chinos que residen en Bolivia, una práctica que tiene un efecto negativo sobre la población de estos felinos.

Por su parte, el abogado ambientalista Marcos E. Tapia, afirmó que la complejidad de la problemática revela la urgente necesidad de mayor presencia del Estado a partir de políticas efectivas que permitían la convivencia armónica con la naturaleza.

“El tema de la caza furtiva no es tema sólo de ciertos ciudadanos. Es un tema de las personas que viven en esas áreas porque hay un mercado abierto y este mercado entabla relaciones con otras. Entrar a una propiedad de una comunidad originaria campesina (como es el caso del hábitat del jaguar) no es sencillo”, dijo en reciente entrevista con EL DIARIO.

En este sentido Tapia afirmó la necesidad de replantar la eficiencia de los mecanismos con los que cuenta el Estado sin dejar de ver la voluntad de las partes. “Puede tener las mejore leyes, los más altos recursos económicos, pero si las partes involucradas no van a dejar que el Estado intervenga éste va ser obsoleto”, remarcó a tiempo de recordar la entonces vanguardista Ley Nº 133/92 (27 de abril) Del Medio Ambiente, período en el que también ocurría la caza furtiva pero menos mediatizada.

En criterio del jurista este asunto también debe ser abordado desde la perspectiva cultural y admitir que antes del tráfico de estas piezas visibilizadas en los ciudadanos asiáticos ya se producía este fenómeno porque se trata de un mercado abierto sobre el cual el Estado nunca ha tenido presencia.

“No sólo son los ciudadanos chinos, son mafias que no podemos identificar y tampoco hay datos de mayor aproximación sobre la caza furtiva (…) Las estadísticas señalan que de la población de jaguares alcanza sólo 64 mil individuos. La cifra negra de la depredación es la más preocupantes, se han incautado 194 colmillos y al menos 30 pieles, habría que preguntarse cuantas piezas no han encontrado y cuántos hechos no se conocen”, remarcó Tapia.

En este contexto, el jurista apuntó que no sólo el problema de la caza furtiva, el tema del medioambiente en su conjunto debe ser abordado con criterios menos jurídicos, sino con una visión de sistema.

COMENTARIO

“El tema de la caza furtiva no es tema sólo de ciertos ciudadanos. Es un tema de las personas que viven en esas áreas porque hay un mercado abierto y este mercado entabla relaciones con otras. Entrar a una propiedad de una comunidad originaria campesina (como es el caso del hábitat del jaguar) no es sencillo”, dijo en reciente entrevista con EL DIARIO, el abogado ambientalista Marcos E. Tapia.