En el sentido estrictamente legal, que constituya un precepto constitucional, las Elecciones Primarias de enero próximo no tienen el respaldo jurídico necesario, pero en función política tendrían alguna explicación.
Permitirá que sea un ensayo partidario y, en tal eventualidad, tendría por lo menos una explicación en el terreno práctico. Empero, el único beneficiario real será el oficialismo, porque presentará el mismo binomio gubernamental, a menos que la votación que alcance no sea para su plena satisfacción. En este caso, tendría eventualmente que modificar su fórmula, por lo menos en lo que corresponde a la Vicepresidencia.
En cuanto a los términos en que el Gobierno convocó a esta consulta, si bien obliga a que el binomio ganador que emerja de las urnas, en lo que atañe a la oposición, estará obligada a que su candidatura sea ganadora o perdedora, tendrá que ser la misma que tendrá que presentar en las Elecciones Generales de octubre del próximo año.
Aunque, en el fondo, la arbitrariedad oficialista de todos modos se aplicará, la oposición tendrá la oportunidad de conocer cuál es el binomio que tendría el mayor apoyo ciudadano. Con ello, explícitamente estaría obligada a concertar un acuerdo en torno al mismo.
En otros términos, sin que desde el frente opositor nadie hubiera tenido el propósito de efectuar la consulta de enero, en los hechos tendrá la opción de conocer cuál es binomio que tiene la mayor opción de captar el voto ciudadano y, sobre esta base, estará en condiciones de establecer qué partido o cuál plataforma cívico-social cuenta con el mayor respaldo ciudadano.
Al producirse tan importante definición, toda la oposición, junto con las referidas plataformas, tendrá ya a la vista cuál puede ser la fórmula no oficialista que presente en las Elecciones General de octubre. Para que ello ocurra, sin embargo, tendrá que haber el mayor desprendimiento político y cívico.
Por consiguiente, con el resultado de las Elecciones Primarias se tendrá también la posibilidad de identificar a la mayor fuerza opositora y, de esta manera, el voto popular dispondrá cuál de sus binomios concitará el mayor apoyo en las urnas. Consiguientemente, éste deberá ser el que cuente con su respaldo en las elecciones de octubre.
Empero, a este respecto, han surgido ya críticas, en sentido de que se reforzaría el caudillismo. Sin embargo, esta conclusión parece ser que emerge más del oficialismo que de los ciudadanos independientes y de los propios partidos opositores.
Cuando se presenta una situación como la que se avecina, lo pertinente es que la oposición tenga un binomio mayoritario, ya que sólo de esta forma puede hacerle frente al oficialismo. De lo que se trata, en suma, es cuestión de números, no precisamente de formular alguna expresión partidista.
Como el MAS ha demostrado que en toda votación siempre tiene la mayoría, sea como resultado de su popularidad o de los afanes que despliega para asegurarse de repetir una vez más su favoritismo cuantitativo, en lo que de por medio puede estar inclusive el fraude, la oposición no puede ser tan virtuosa como para no apelar también al juego sucio.
Sólo en los púlpitos religiosos se tiene que ser muy veraz y respetuoso, como cuando se está en los confesionarios, pero en la política, cuando las condiciones exigen actuar atinadamente, puede tener que apelarse a los mismos recursos que emplea el oficialismo para mantenerse en el poder. De lo contrario, es como someterse a sus designios. En otros términos, no se está pecando, lo que se estaría haciendo es apelar a cuanta posibilidad se cuente para replicar con la misma moneda al oficialismo.
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