Informe sostiene que no hay pruebas contra Carlos Mesa

El informe de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa que investigó el caso Lava Jato establece que no hay suficientes indicios contra Carlos Mesa, porque existen cuatro exautoridades que tienen las iniciales CM, pero de todas formas enviarán dicho informe al Ministerio Público para que realice una investigación.

En tanto, el Legislativo rechazó el pedido de Mesa para defenderse en la sesión del pleno de este miércoles.

“La investigación no ha logrado la suficiente convicción para identificar plenamente al receptor CM, dado que cuatro exautoridades del gobierno de Carlos Diego de Mesa Gisbert, que reportan operaciones inusuales o sospechosas, tiene las iniciales CM”, dice el primer párrafo de la página 30 del informe de la Comisión al que tuvo acceso EL DIARIO.

El informe “Castillo de Arena” de la Policía Federal del Brasil, menciona las iniciales CM y C. Morales, quienes recibieron presuntos sobornos que fueron entregados por la empresa Camargo Correa a altas autoridades del país para adjudicarse la construcción de la carretera Roboré-El Carmen. Al respecto, la presidenta de la comisión Susana Rivero vinculó estas iniciales con las del expresidente Carlos Mesa (CM).

El punto 7 de las principales conclusiones a las que arribó la Comisión también señala que no se ha logrado la suficiente convicción para determinar cuál de las cuatro exautoridades del gobierno de Mesa puede ser CM.

INVESTIGACIÓN

La investigación comenzó el pasado abril, a partir de esa fecha es que se emiten 26 solicitudes a nivel central del Estado, las cuales estaban dirigidas a 13 instituciones con la finalidad de profundizar en la investigación. De la obtención de estos documentos se indagaron, a un comienzo cinco proyectos carreteros que se adjudicaron cuatro firmas brasileñas: Camargo correa, Odebrecht, OAS y Queiroz Galvao.

Los proyectos que se investigaron fueron la construcción del tramo Potosí-Uyuni, la empresa Oas-ector se adjudicó el contrato el 9 de noviembre del 2006, por un monto de $us 83.2999.000. El segundo contrato es para la ejecución de la carretera Potosí-Tarija-Villazón, la empresa Queiroz Galvao se hizo cargo de la construcción de esa vía después de la ampliación del acuerdo entre el Estado y la firma brasileña, ya que estaba ejecutando el camino Padcaya-La Mamora, el costo fue de $us 226.000.000.

El tercer contrato es para la ejecución de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, en este proyecto se evidenciaron varios problemas que derivaron desde el gobierno de Hernán Siles Suazo (1985).

Este proyecto se retrasó durante varios gobiernos, pero en el 1 de agosto del 2008 la empresa OAS Ltda se adjudicó el contrato por un monto de $us 415.000.425. Empero, el 11 de mayo del 2012 el gobierno firmó la resolución del contrato.

Sin embargo, el informe solo pone mayor énfasis en la construcción de la carretera Roboré-El Carmen, los antecedentes indican que desde el 2003 se iniciaron las gestiones a cargo del exministro de obras públicas Carlos Eduardo Morales Landívar.

La empresa ARG Limitada Camargo Correa se adjudicó el contrato el 18 de enero del 2005, por un costo inicial de $us 118.935.605. El proyecto El Carmen-Arroyo Concepción estaba a cargo del consorcio IASA-Odebrecht, la adjudicación se hizo el 1 de febrero del 2005 por un costo de $us 93.655.212

Al respecto, Carlos Mesa explicó que ambos contratos contaban con el 80 % del financiamiento del Proex, pero no del 20 % de aporte local, por lo que se incluyó una cláusula de condición suspensiva. No podían ejecutarse y los trabajos no podían empezar hasta que el Estado obtuviera el porcentaje anteriormente señalado.

Debido a la grave situación económica del Estado no fue posible conseguir el financiamiento para cumplir con la parte de los recursos, razón por la que los citados contratos no entraron en vigencia.

Durante la gestión de Eduardo Rodríguez Veltzé, a través de la emisión de decretos supremos y leyes, se consolidaron ambos proyectos para su posterior ejecución. Ese gobierno decidió reencausar los proyectos para su construcción.

ENTREVISTAS

Durante los cinco meses de investigación la comisión, identificó a un total de 179 personas que tuvieron algún tipo de participación, resultado del cruce de información que se hizo con los flujos migratorios con los ejecutivos de Camargo Correa y Odebrecht se estableció convocar a 22 personas.

En la lista de los entrevistados figura Carlos Mesa, que explicó en base a memoriales sobre las gestiones de ambos contratos que se hicieron en su gobierno. También se envió un cuestionario al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé que indicó que solo dio continuidad a los contratos que se firmó en el gobierno de Mesa.

También se convocó a la exgerenta del extinto Servicio Nacional de Caminos (SNC) Patricia Ballivián y al exministro de Servicios y Obras Públicas del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que no asistió a la entrevista. Esta exautoridad era conocida como el “Quinsiño”, por el porcentaje que pedía por los proyectos adjudicados.

Mesa envió ayer una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, para hacer conocer los pormenores del caso, además solicitó que se le autorice presentar descargos en la sesión que se instalará a partir de las 09.00 de hoy.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Senadores, Milton Barón le respondió que puede seguir la sesión del pleno desde la tribuna, pero no se autorizó que sea parte del debate en la sesión, ya que este es una atribución de los legisladores.