Ley municipal crea normas para el trabajo sexual

El gobierno municipal de La Paz creó el rubro económico denominado “venta de sexo” para permitir que las trabajadoras sexuales obtengan una licencia de funcionamiento y no dependan de proxenetas o terceras personas.

Hemos logrado que “el Gobierno Municipal de La Paz, después de cien años de postergación, porque la anterior ley data de 1909, apruebe el rubro económico venta de sexo como actividad económica”, informó la activista María Galindo.

Con esta determinación, las trabajadoras sexuales podrán acceder a la licencia de funcionamiento bajo un código QR para proteger su derecho a la intimidad.

“Quiere decir que se va a guardar la identidad de las compañeras por los colegios de sus hijos, por sus dueños de casas, por sus propios parientes, entonces ellas tienen derecho a guardar su intimidad”, apuntó Galindo.

La ley contempla que los funcionarios municipales tienen derecho a pedir la licencia de funcionamiento en los diferentes operativos que realizan, pero deben impedir que las trabajadoras sexuales sean filmadas por los medios de comunicación.

“Muchas veces vienen los medios a filmarles en sus ropas de trabajo, a hacer primeros planos de sus caras y a destrozar su derecho constitucional a su imagen”, manifestó.

Las trabajadoras sexuales destacaron el beneficio de la normativa municipal, ya que muchas son actualmente “atropelladas por los proxenetas”, que les imponen largas jornadas de trabajo y que además deben consumir bebidas alcohólicas a exigencia de éstos que son los dueños de los locales.

En pasados días un grupo de trabajadoras sexuales, protagonizó una protesta en puertas de la Alcaldía rechazando la nueva Ley que regula los establecimientos donde se ejerce trabajo sexual. En esa oportunidad el concejal Fabián Siñani señaló que las protestas son injustifica das.

Las manifestantes con carteles en mano protestaron porque en su criterio esta norma será creada para ser otra forma de recaudar recursos sin tomar en cuenta que las trabajadoras sexuales al igual que otros sectores pagan patentes de funcionamiento, además de los controles de sanidad.