Ojo por ojo de la antijusticia boliviana

Aunque usted no lo crea, cuando todos pensábamos que la Justicia boliviana actuaba con sujeción estricta a la ley, nos dimos cuenta que estábamos equivocados, gracias a la juez Patricia Pacajes Achu, cuya conciencia le decía que era imposible seguir guardando el “secreto” al que habían sido obligados quienes sentenciaron al médico Jhiery Fernández Sumi a 20 años de cárcel por un delito que jamás cometió. No como la ley señalaba, sino presionados por los de “arriba”, porque al no haberse realizado las investigaciones médico-forenses que el grave caso ameritaba, e ignorando otras evaluaciones que se presentaron… optaron por el camino fácil de sentenciar al primer sospechoso que se perfilaba como autor, y listo, ¡CASO CERRADO!

Pero como el peso de la conciencia iba aumentando noche tras noche, que no le permitía dormir en paz ni en tranquilidad, es que la juez Patricia Pacajes, en un momento en que ya no pudo más, finalmente dijo la verdad: “A mí me consta que el médico Jhiery Fernández es inocente”.

Declaración que, como es de conocimiento público, hizo parar los pelos de punta a quienes escuchamos la grabación magnetofónica, donde con voz quebrantada por el dolor, la juez Patricia Pacajes rompía el silencio y el secreto. Y como no podía ser de otra manera, provocó la protesta ciudadana, no contra la jueza Pacajes, sino contra los de “arriba”, contra los dueños de vidas que, viéndose descubiertos por la forma como lograban sus chutas sentencias, lo primero que dijeron fue que se le seguiría un juicio disciplinario a la juez por haber divulgado un secreto interno, que en el fondo es la confirmación de su mal proceder antijurídico. Y no conforme con ello, ahora seguramente piensan cobrar ojo por ojo. ¡Ya que gracias a ella el médico Jhiery Fernández logró su libertad!, pues bien ahora le toca a ella ocupar su puesto en la cárcel.

Y el ciudadano común boliviano cree que la juez Pacajes, si bien por un lado merece su destitución como tal, por el otro no debería ser sujeto de sanción judicial, mucho menos ciudadana, porque gracias a ella nos hemos enterado, solo sabe Dios desde qué tiempo, de que estarían segando inocentes vidas humanas con sus chutas sentencias carcelarias.

Es de esperar que con este descubrimiento el nuevo Fiscal General del Estado proceda de inmediato a una revisión total de todos los juicios que terminaron con penas carcelarias, y con seguridad se descubrirá cientos de casos de inocentes víctimas que sin haber cometido delito alguno están purgando penas injustas en las cárceles de nuestro país. Por supuesto, claro está, que los fiscales, jueces, forenses y peritos involucrados, que se prestaron para amañar semejantes sentencias, tendrán que pagar por los daños y perjuicios ocasionados a todas estas inocentes víctimas.

Y es más, se impone la creación de un Departamento Jurídico, que previa revisión de todos los fallos judiciales, sea la única que avale dichas sentencias, y en los casos que no correspondan, se ordene la destitución inmediata de los aprendices de prevaricadores. ¿Verdad que sí?