Sanción a traficantes de fauna silvestre

Por fin concluyó un proceso en Santa Cruz contra una pareja de origen chino, por delitos contra el medio ambiente y la fauna silvestre. En febrero del presente año se incautó en el negocio del matrimonio de Li Ming y Yin Lan, 180 colmillos de jaguar, puma y pieles de estos animales, y se inició el juicio. Este proceso ha sufrido por lo menos 13 suspensiones de audiencias por distintos pretextos, pero con la clara intención de dilatar el caso por el juzgado de Sentencia Penal y Anticorrupción de Santa Cruz. Las penas impuestas son de 4 y 3 años de prisión respectivamente. Esto significa que la sanción de 3 años exime la prisión y la de 4 años fue estimada por los ambientalistas como insuficiente y demasiado benévola. La pareja porta pasaportes bolivianos por naturalización.

De entrada estos traficantes fueron sospechosamente beneficiados con medidas sustitutivas, no obstante tratarse de delito flagrante. Se esperaba una sentencia de 7 años en vista de la gravedad del caso, por lo que el antecedente aleccionador que podía constituir el proceso ha quedado notoriamente mediatizado. Este no es un caso aislado, ya que hace algún tiempo otro ciudadano chino fue sorprendido en posesión con partes de este tipo de animales antes de viajar. Inclusive los ambientalistas sostienen que existen redes internacionales que operan en este tráfico y comercio, el que en el país se ha visto intensificado por la presencia de súbditos chinos.

El motivo es que estos elementos de la fauna silvestre tienen altos precios en la China y en general en el continente asiático, partes a las que se atribuye efectos afrodisiacos y sirven también como talismanes y decorativos femeninos. Los proveedores nativos son los pobladores de las regiones selváticas del país, seguramente para su venta con precios bajos. El incentivo fueron los avisos de compra de este material animal, como el que se exhibía en el negocio de dicha pareja. A ello se deben las recomendaciones de las organizaciones ambientalistas a las comunidades del campo a fin de que protejan este patrimonio amenazado de extinción. Una estimación ponderable considera que esta especie se ha reducido a solo 64.000 ejemplares en el territorio nacional.

Por otra parte, se ha verificado la explotación ilegal de oro en la zona norte del departamento de La Paz por personas de nacionalidad china. Cuando las autoridades se constituyeron en el lugar para aprehenderlos, fueron reprimidos por los comunarios del lugar. Semejante situación no tiene otra explicación que la paga para obtener tal protección. Otro tanto sucede en el nevado Illimani, con la misma finalidad explotadora del precioso metal, aunque según el Ministerio de Minería no se ha detectado esa actividad.