Analizarán situación jurídico procesal
La población penitenciara de todo el país será censada, con el propósito de conocer en detalle las condiciones de vida de los privados de libertad, identificar casos graves como enfermos terminales, conocer el número de detenidos preventivos y promover la cesación de esta medida, mientras que el exdirector nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, afirmó que toda esta problemática exige soluciones integrales y no sólo administrativas.
El censo carcelario tiene los objetivos de analizar la situación jurídico-procesal de la totalidad de las personas privadas de libertad, más de 18 mil en todo el país, contar con información actualizada a nivel nacional sobre el número de personas privadas de libertad con detención preventiva y con sentencia.
Los ministerios de Justicia y Transparencia Institucional y de Gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público, en el marco de la Conclusiones de la Cumbre de Justicia, suscribieron un convenio interinstitucional para llevar adelante el censo carcelario en el país que permita conocer la situación de los privados de libertad, implementar políticas “más humanas” orientadas a reducir el hacinamiento, la detención preventiva y ajustes en el sistema de justicia en el país.
El censo carcelario permitirá identificar el número de causas a las que se puede aplicar salidas alternativas y la aplicación de medidas sustitutivas. Establecer el número de sentenciados que se encuentren en cumplimiento de plazo de sentencia.
Asimismo, se busca promover la cesación de la detención preventiva y posibilitar las salidas alternativas que correspondan para coadyuvar con la obtención de las mismas.
Participaron del acto el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla; el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa; el presidente del Senado, Milton Barón; el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, autoridades nacionales e invitados especiales.
En la oportunidad, el Titular de Justicia manifestó que este convenio surge como una respuesta a la necesidad de identificar a las personas que se encuentran con detención preventiva más allá del límite establecido por la ley, el hacinamiento en las cárceles, casos de inocencia o que por alguna circunstancia no amerita que estén privadas de libertad.
“Indagamos lo que estaba ocurriendo en las cárceles, los resultados son asombrosos. De las más de 18.000 personas en presidio, cuántas personas estarán injustamente en las cárceles del país, el drama de las personas con enfermedades terminales y otros casos singulares que están esperando que el Estado los atienda y los ampare”, aseveró.
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