Gobernación apelará sentencia

La sentencia de tres y cuatro años de cárcel impuesta a los ciudadanos chinos como culpables de deteriorar el patrimonio del Estado será apelada por la Gobernación de Santa Cruz, en criterio de la defensa legal de la entidad del Estado la pena judicial es incompleta afirmó ayer el abogado del Gobierno Departamental, Fabricio Ortiz.

“Como promotores de la acción es nuestro deber continuar, estamos viendo los indicios para hacer la apelación. Si bien la pena máxima es de seis años y se les ha dado condena de tres y cuatro años, consideramos que la tipificación al delito por parte del regulador no ha sido completa” señaló el abogado de la Dirección Departamental de Recursos Naturales de Santa Cruz.

Sin referir detalles, por estrategia de su defensa aclaró Ortiz, las acciones de su defensa toma como punto de referencia los principios y garantías constitucionales de todo procedimiento y que en un debido proceso se deben cumplir y resguardarse todos los aspectos para que en lo posterior no intenten más bien reducirles la pena.

Con relación a la reiterada suspensión de audiencias, al menos cinco en la etapa preliminar 13 durante el juicio oral, atribuibles a los operadores de justicia, lo que implicaría supuesto delito de incumplimiento (Art. 154 CP). Sin embargo, la retardación de justicia en el sistema nacional es un problema muy complejo que no toca sólo a este proceso, apuntó el abogado.

Ortiz señaló la necesidad de cambiar las penas y la tipificación del delito de deterioro y destrucción de bienes y patrimonio del Estado, por lo que no descartan realizar esa gestión legislativa.

“Estamos trabajando en este tema, la tipificación de este delito debe ser abordado en el ámbito constitucional e interponer un recurso abstracto de inconstitucionalidad mediante una autoridad competente. Estamos trabajando en este tema”, apuntó.

Activistas ambientalistas concuerdan con el criterio de la defensa de la Gobernación de Santa Cruz respecto de la insuficiencia de la sentencia con relación al impacto ocasionado al patrimonio natural nacional y el respeto por la vida silvestre.

Alejandra Crespo, activista y miembro de la Coordinadora por el Medio Ambiente (Codapma), afirmó que si bien esta sentencia sienta precedente para evitar futuros casos similares es importante trabajar en este aspecto.

Crespo consideró que ni bien este caso se circunscribe fundamentalmente a los colmillos de jaguar, se develó la existencia de una mafia traficante de partes de animales en peligro de extinción. “Tras este caso de tráfico de colmillos, hay toda una mafia más amplia que no se lo está tomando en cuenta”, apuntó.

Las razones que le llevaron a pensar así es que el proceso en contra de los ciudadanos chinos que obtuvieron cédulas de identidad boliviana, se dilató de manera constante, recordó.

Al respecto, la directora de Recursos Naturales y Medioambiente de la Gobernación de Santa Cruz, Yandery Kempff, señaló que dentro de las investigaciones de este caso se detectó nexos con traficantes de vida silvestre que opera en Argentina.