Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Argentina, El Salvador y Bolivia son los países que más gastaron en el último tiempo ‘ineficientemente’ los recursos del Estado”. En cambio, señala el informe, “Chile, Perú y Guatemala son los que mejor utilizaron sus fondos públicos”.
Indica el estudio: “En Bolivia el gobierno ‘malgastó’ 6,3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Si se aplica esa proporción al producto económico de 2017, el valor asciende a $us. 37.000 millones, por lo que resulta que alrededor de 2.331 millones de dólares fueron despilfarrados por el gobierno en funciones”. Tres aspectos de gastos se indica: “las compras (incluyendo desvíos de fondos o corrupción), el salario de los empleados públicos y los subsidios”. La referencia es la excesiva burocracia que el actual gobierno hizo crecer tan solo para favorecer a sus partidarios; por otra parte, la creación de subsidios que, se dice, “son para favorecer al pueblo” (ED 16/X/18).
Indica el estudio que los montos gastados que se señala en el estudio podían haber servido para combatir la pobreza. En general, muestra la ineficiencia en el manejo de dinero del Estado y que no observaron las reglas necesarias con miras a buenas inversiones. En el caso de Bolivia, hay que convenir en que el gobierno, en trece años, aprovechó muy bien el excedente de ingresos por los precios altos del gas, de los minerales y de materias primas que se exporta para construir edificios caros y lujosos, construir palacios para el Ejecutivo y el Legislativo cuando no había necesidad; gastar en canchas de fútbol que benefician a pocos y hacer ostentación con obras sin mayor importancia, pero que sirven para la publicidad y propaganda con la finalidad de continuar indefinidamente en el gobierno.
No hay mayores detalles en el estudio, pero se colige que las referencias serían a los excesivos viajes sin rendición de cuentas, a ausencias casi periódicas en pos de gestiones que se hace ante organismos internacionales de crédito por parte de autoridades; entrega de dineros a entidades (caso del Fondo Indígena) y que han sido base segura para la corrupción.
Este tipo de estudio, que implica denuncias ante el consenso internacional, no solamente perjudica al gobierno sino que muestra que la población boliviana no ha sabido o no ha podido elegir a autoridades que manejen debida y responsablemente la economía del país y menos han atendido la realización de obras como hospitales, con las respectivas dotaciones de equipos, vituallas, implementos, capacitación de personal, etc., y menos inversiones importantes en el campo de la educación. Lo que no se atendió efectiva y productivamente es ampliar el sector productivo y evitar que el país sea dependiente de importaciones hasta de alimentos que bien se podría haber producido en el país. De todos modos, el estudio debería ser tomado en cuenta por las autoridades.
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