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Etapa preparatoria

Procesos por feminicidio demoran más de un año

Los acusados junto a sus abogados utilizan varias argucias para frenar el proceso y conseguir, en muchos casos, el desistimiento de las víctimas por falta de dinero


Algunos administradores de justicia se prestan a favorecer a los acusados de feminicidio.

El Código de Procedimiento Penal define que la etapa preparatoria debe durar solo seis meses, antes de formalizar la acusación a él o los responsables de un hecho de feminicidio, pero dicho proceso no se cumple, siendo en su mayoría más de un año, aspecto que favorece a los implicados.

El pasado 25 de noviembre de 2017, una mujer de 70 años fue asesinada por su pareja sentimental en coordinación con los hijos del sindicado, quien si bien tienen 80 años y a la fecha se encuentra con detención preventiva en el penal de San Pedro, a la fecha el proceso no avanza, manteniéndose aún en la etapa inicial hace casi un año.

Cinco veces fue suspendida la audiencia de medidas cautelares y en la última realizada el pasado miércoles, los familiares del acusado de haber cometido feminicidio, se daba la tarea de filmar y fotografías a los familiares de la víctima, como mecanismos de amedrentamiento.

"A mi hermana le han asesinado en su casa, luego de que dos personas ingresaron a su vivienda y después de que fue presionada a vender su propiedad en favor del hijo de su pareja sentimental, ella muere estrangulada por sus propias trenzas, amarrada en su propio catre. Mi tía tenía una pareja quien junto con sus hijos y nietos, realizaron todo el caso y que hasta hora siguen obstaculizando el proceso, impidiendo que el investigador avance en los procedimientos que demanda la Fiscalía, aspecto que cada vez favorece al sindicado, por la postergación constante de las audiencias", explicó la hermana de la víctima, quien por temor solicitó reserva de su identidad.

En cada audiencia que se programa, uno de los modos de operar de las familias que se involucran en la comisión de delitos, como es el caso de feminicidio, por lo general suelen hacer uso de las amenazas y el amedrentamiento a la familia de la víctima, con el propósito de que desistan de los procesos y abandonen el caso, favoreciendo con la impunidad de esta manera a quien se involucra en un hecho de muerte de personas, procedimiento que no es sancionado por ninguna instancia, no solo del Ministerio Público, sino de la propia Policía.

En este caso, la familia de la víctima incluso carece de referencia sobre cómo se desarrolla la carpeta de investigaciones, solo establecen que una vez que la tía vende su propiedad en favor del hijo mayor de su pareja, muere la señora y desaparece el dinero, "mi tía era soltera, de un día a otro transfiere su propiedad en favor de esa persona y cuando ya tenía que trasladarse a su otra propiedad donde debía hacer construir con el dinero que recibiría, pero termina siendo asesinada", lamentó.

El pasado miércoles fue suspendida la audiencia, porque los investigadores no presentaron sus informes y se desconoce que peritajes faltan, "pero sabemos que esto está siendo manipulado por las nietas del sindicado, porque ellas trabajan en la Fiscalía y desde ahí operan todo", criticó.

Pese a que el 2017 ocurrió el hecho de feminicidio a la fecha la Policía no realizó el desprecintado del domicilio y el proceso no avanza generando un hecho de impunidad. Mientras la familia de la víctima continúa erogando gastos para la defensa legal, los procedimientos de este caso quedan sin ningún avance.

En El Alto solo en la presente gestión se registraron 18 hechos de feminicidios, de los cuales se desconoce cuántos casos pasaron la fase preparatoria y si los sindicados se encuentran con acusación formal, caso contrario podría pasar como el siguiente hecho, donde la propia Ley 348, solo permite llegar a la primera instancia de la denuncia, pero no se garantiza un proceso adecuado y conclusivo en favor de la familia de la víctima.

 
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