Corrupción en las carreteras

El escándalo de corrupción que se produjo en Brasil en los últimos años, que involucró principalmente a la empresa Odebrecht, ha alcanzado a nuestro país en la ejecución de dos proyectos de construcción de dos tramos de la carretera Santa Cruz – Puerto Suárez. Estos proyectos fueron ejecutados en las gestiones de los presidentes Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez y Evo morales. Por iniciativa de la Asamblea se ha iniciado un proceso de investigación a autoridades y funcionarios de los gobiernos de Mesa y Rodríguez, incluyendo preferencialmente al expresidente Carlos Mesa.

La investigación está dirigida a investigar un acto de corrupción que podría haber sido cometido por autoridades y funcionarios de gestiones anteriores a la del Gobierno del presidente Evo Morales. Si el objetivo de la Asamblea es luchar contra la corrupción, se tendría que ampliar las investigaciones a la gestión de Evo Morales, cuando se ha ejecutado proyectos de carreteras que no han seguido las normas de los sistemas de inversión pública y de administración de bienes y servicios y no han salido de un proceso de selección según criterios económicos, financieros y de ingeniería.

La contratación de las empresas constructoras de las carreteras se ha hecho con procedimientos que no han seguido las normas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. No se ha hecho licitaciones públicas y las adjudicaciones a las empresas constructoras fueron hechas de manera arbitraria y en muchos casos se ha seguido la modalidad de contratación “llave en mano”, donde el contratista realiza el diseño y la construcción de la carretera y puede cobrar lo que quiere.

Los procedimientos que se ha seguido han eliminado la transparencia en la ejecución de los proyectos carreteros. A ello hay que agregar la falta de control de parte de la Contraloría, que nunca se ha pronunciado por la clara infracción que se ha hecho de las normas legales vigentes. No se puede aplicar la norma fundamental de la Ley Safco, en sentido de que “todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos, midiendo cuenta documentada y transparente, no solo de los recursos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación”.

El cambio de nombre de Servicio Nacional de Caminos (SNC) a Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se hizo en el año 2006 y en el periodo 2006 – 2015 ejecutó 4.563 millones de $US en proyectos de carreteras, 3,7 veces más que el SNC en el periodo 1996 – 2005 (1.223 millones de $US).

La ABC está ejecutando un programa de inversión en la construcción de carreteras por 4.586 millones de $US, de estos 3.483 millones de $US son para la construcción de carreteras de dos carriles (uno de ida y otro de vuelta) y 1.103 millones de $US para la construcción de dobles vías (dos carriles de ida y dos de vuelta).

Sobre la ejecución de este programa no se tiene información sobre cuáles son las empresas que están ejecutando los proyectos, cómo han sido contratadas, qué tipo de contrato tienen, en la fecha cuál es el avance de ejecución de las obras y otra información de los proyectos, que la Administradora Boliviana de Carreteras debiera informar para saber cómo se está ejecutando el plan de inversiones.

Alguna información se tiene sobre proyectos particulares, como que una empresa abandonó el proyecto Yucumo – San Borja con apenas el 10% de avance físico y no se ha conocido que haya un proceso legal para penalizar a la empresa por el incumplimiento que ha hecho de su contrato. La construcción de la carretera Rurrenabaque – Riberalta tiene un avance a diciembre de 2017 de 11,23% y la empresa contratista ya recibió 223 millones de $US (38,62%) de los 579 millones de $US que costará la carretera. Un informe periodístico reportó que la carretera está abandonada. La doble vía que se está construyendo en la zona con inestabilidad de suelos de El Sillar costará a razón de 14,2 millones de $US por kilómetro.

Son 4.600 millones de $US (o quizá más) que están comprometidos en la construcción de carreteras, de los cuales tiene que responder el Gobierno, por lo que antes de querer quitar la paja en ojo ajeno, debía fijarse en la leña que tiene en su ojo.

El autor es ingeniero civil y docente de la UMSA.