Militancia partidista adulterada

Un nuevo escándalo ha venido a enturbiar la política del país. Esta vez estamos ante la manipulación de la militancia de los partidos políticos. Los adherentes de un partido aparecen en otro o quienes nunca se registraron en ninguna formación ahora aparecen en alguna, etc. El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) culpa a los partidos y viceversa. Obviamente ambos son responsables de semejante desbarajuste en vísperas de las elecciones primarias. El OEP se prestó a los cálculos oficialistas y una de esas finalidades es viabilizar el binomio del MAS con apoyo en el carácter vinculante de las primarias, pese a ser una postulación forzada e ilegal.

Es difícil desentrañar si los partidos (ninguno se salva) obraron premeditadamente para hacer aparecer un mayor volumen de su militancia, o se trata de un uso discrecional de sus encargados de la inscripción y reinscripción de militantes, entregados supuestamente a la tarea de llenar falsamente los libros de inscripción. Por su parte, el Órgano Electoral incurrió en omisión e incumplimiento de deberes por no haber revisado y cotejado las nóminas correspondientes, con la prolijidad que le exige su responsabilidad. Podría inclusive pensarse en un sabotaje en su interior. ¿No cuenta acaso con la tecnología adecuada para prevenir tales posibilidades?

Lo más inquietante en este desbarajuste es conocer (si algún día se lo logra) cuál fue la fuente o fuentes de donde los partidos obtuvieron los datos personales de los ciudadanos. Son únicamente 3 las fuentes que disponen de esta información: el Segip (Identificación) Sereci (Registro Cívico-OEP) y la Agencia de Gobierno y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), nuevo organismo de ampulosa designación, pero sin objetivo administrativo claro y preciso. En todo caso, siendo oficial es obvio un servicio político al Gobierno. Ha negado estar intercomunicado con el Sereci.

Entretanto, son graves los presuntos delitos que plantea esta anómala y desconcertante situación. El catálogo penal es falsedad ideológica y material, uso de instrumento falsificado, usurpación, etc. Los formularios de rectificación a cargo del OEP y de los órganos departamentales electorales crecen en gran cantidad y con las demandas penales ocurre lo propio.

Si no hubo una intencionalidad premeditada, es otra muestra de ineficiencia y en este caso falta de supervisión de las autoridades del OEP, sin descartar la corrupción en niveles operativos. Bajo estos antecedentes, lo prudente –si no es “pedir peras al olmo”- debería ser no solo postergar la realización de las primarias, sino reprogramar todo el calendario electoral a fin de sanear el proceso, que, como están las cosas, carece de transparencia y credibilidad.