Califican de “arbitrario” control a compra y venta de inmuebles

Dos economistas denunciaron la “arbitrariedad y abuso” en que incurre el Ministerio de Economía al haber aprobado la disposición que obliga a los notarios de Fe Pública a reportar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) información sobre la compra y venta de bienes inmuebles. Ministro de Economía, Mario Guillén, aclaró ayer que la disposición es aplicable a viviendas con valor mínimo de 300.000 dólares.

Alberto Bonadona dijo que lo que pretende el Gobierno es someter al ámbito penal a los opositores que detenten viviendas o inmuebles sospechosos de lavado de dinero o que en algún momento fueron incautadas al narcotráfico. “Una transacción de compra y venta de un bien inmueble es solamente una simple acción ciudadana que el Gobierno pretende incorporar una visión delictiva a sus titulares. Por lo conocido se puede predeterminar que la IUF buscará someter a los opositores políticos del Gobierno que considere sospechosos de la tenencia de un bien legalmente obtenido”, sostuvo.

Según dijo Bonadona a una radioemisora local, la IUF tiene todos los mecanismos para establecer si un bien proviene de lavado de dólares. “Es a todas luces una medida sorpresiva que no fue previamente socializada”, dijo y agregó que la medida se ha gestado desde la oficina de la IUF como si fuera una “inocente” disposición. “No es aceptable que el Gobierno pretenda confundir un hecho que corresponde al ámbito civil-comercial al penal como si fuera un delito cuyo juzgamiento corresponde a la Ley 1008.

DINEROS “GRISES”

Por su parte, el economista Gonzalo Quiroga, sostuvo que la IUF debe ocuparse de investigar dineros “grises” o “oscuros” vinculados con delitos de trata y tráfico, narcotráfico y contrabando de armas, entre otros. “Cuando se ramifica su trabajo a los notarios se advierte que la IUF no está en capacidad de conocer cómo se mueven los capitales en el país”. Indicó que teniendo el control preliminar del movimiento de capitales sospechosos la entidad de investigación asume –en este caso– una postura política antes que técnica.

Explicó que en el caso de Honduras que es país de paso de anfetaminas y narcotráfico, se tienen medidas para ver las transacciones financieras operadas por unidades de investigación. Advirtió que las transacciones fuera del sistema financiero son de difícil seguimiento respecto de operaciones comerciales corrientes. “Lo que sucede es que tiene que haber una serie de controles vinculados a la comisión de delitos específicos, pero la IUF no puede actuar de oficio sobre una transacción privada”, alertó.

ALCANCES

Al respecto, el ministro de Economía, Mario Guillén, aclaró que la disposición es aplicable solamente a transacciones consideradas sospechosas de lavado de dinero.

“El notario debe reportar aquellas operaciones que son sospechosas de lavado de dinero, son aquellas de compra y venta que se haga en efectivo, que no vayan por los bancos. Nosotros hemos instruido a la UIF que estás transacciones lleguen a aquellos bienes que sean superiores a los 300.000 dólares”, dijo en una rueda de prensa.

Guillén dejó en claro que esa medida busca acentuar el trabajo que realiza el Estado en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Además, señaló que los estándares de seguridad que plantea el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyen a los notarios como sujetos obligados a dar información a la UIF y eso sucede en muchos países del mundo.