Silencio de organizaciones sindicales de la prensa

El martes 27 del presente mes, las redes sociales se saturaron con los audios que en teoría le pertenecían al comandante General de la Policía, Faustino Mendoza, quien hablaba de los planes y programas de su institución, y se escuchó que la Institución del orden realiza una vigilancia a periodistas, a gente de influencia, además a opositores.

Horas después, esta misma autoridad en conferencia de prensa dio a conocer que esas grabaciones presentadas en RRSS fueron “deliberadamente manipuladas, editadas y direccionadas”. Pero no negó que las mismas fueran reales y, sin dar paso a preguntas, abandonó la conferencia, después de leer su comunicado.

Es uno más de los diferentes hechos sucesivos que los periodistas y comunicadores sociales deben enfrentar, no solo ante la instancia del orden, sino en otras áreas donde el trabajo de la prensa genera incomodidades cuando se trata de investigar y revelar una serie de vulneraciones y transgresiones a las leyes.

A nivel de la Fiscalía y parte del Ministerio Público, en el pasado mes, incluso una juez se dio la libertad de intimidar a la periodista María Ulo de ATB, a quien le exigió borrar las imágenes filmadas en su celular, pese a explicaciones de la profesional.

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) dieron cuenta de 20 agresiones o acoso a reporteras, entre los años 2016, 2017 y 2018. Muchas de las quejas fueron presentadas en La Paz. En lo que va de esta gestión, la cantidad de denuncias ya es el doble de las presentadas en el pasado año.

A estas agresiones o amenazas se suman aquellas generadas en concentraciones convocadas por organizaciones político partidarias, como en el acto de inauguración de la “Casa del Pueblo”, nuevo Palacio de Gobierno o en conflictos sociales que incluyen amenazas de muerte, como en el caso de la periodista Jhenny Marca, de Radio Líder.

Pese a estos antecedentes de vulneración, no solo de los derechos constitucionales respecto al ejercicio de la profesión, sino incluso a la actividad individual como ciudadanos, las organizaciones sindicales de la Prensa a nivel nacional y local solo optan por el silencio, que muchas veces se asemeja a complicidad, estupidez o tener miedo.

Es verdad que la reelección cuestionada del ejecutivo de la Confederación Sindical de la Prensa de Bolivia (CSTPB), Héctor Aguilar Mercado, tenía sus motivos. A nueve meses de ese error, hoy nos damos cuenta que fue para mantener amordazada a algunas organizaciones sindicales y pese a las denuncias, esa dirigencia continúa sorda y muda ante las agresiones generadas en contra de los periodistas.

Pero a nivel departamental, al parecer el síndrome del silencio también se aplica, bajo el pretexto de que en las marchas solo salen a las calles “unos cuantos”. Los reclamos y protestas callejeras fueron abandonados, haciendo un flaco favor a las instancias que agreden, persiguen y amedrentan a periodistas cuyo trabajo es de responsabilidad social y se cumple a pesar del monopolio político y económico que se enfrenta hoy en el mercado nacional. En algunos casos la falta de reacción se transforma en una autocensura.