Dos fuertes reveses recibe Bolivia de parte del gobierno de Trump

Dos fuertes reveses ha recibido el Gobierno de Bolivia en solo 24 horas de parte de la administración del presidente Donald Trump. Estados Unidos ha tomado examen al gobierno de Evo Morales y le ha instruido que modifique la normativa sobre Trabajo Infantil si no quiere perder los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP); mientras que un Memorándum emitido por el propio presidente Trump ha anunciado que Bolivia no recibirá ningún tipo de ayuda no humanitaria ni relacionada con el comercio y que negará cualquier solicitud del gobierno de Morales ante la banca internacional de desarrollo para obtener préstamos no humanitarios debido a la escasa voluntad de cumplir la ley sobre Trata de Personas.

Esta es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos adopta dos medidas drásticas en contra del gobierno de Evo Morales, en relación a dos temas sobre los cuales ya existían observaciones en los pasados años.

La oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) ha efectuado ayer una audiencia para someter a evaluaciones a los países que no han cumplido los criterios de elegibilidad del SGP (Sistema Generalizado de Preferencias). Estos países son: Bolivia, Ecuador, Georgia, Indonesia, Irak, Tailandia y Uzbekistán. En el caso de Bolivia, se ha tomado examen al estado de los derechos de los trabajadores y la edad para el trabajo infantil, que fue modificado mediante una ley del 2016, rebajando esa edad de 14 a 10 años. En el caso de Ecuador están en evaluación los Laudos arbitrales acerca de la demanda de Chevron Corporation.

Mientras tanto, ayer, un Memorandum del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ha determinado que Bolivia no recibirá asistencia no humanitaria ni relacionada con el comercio y que negará cualquier préstamo solicitado ante los bancos multilaterales de desarrollo, incluido el Fondo Monetario Internacional. La drástica determinación es una respuesta a los escasos esfuerzos que hace Bolivia para cumplir con la Ley de Trata de Personas.

Respecto a la evaluación sobre el SGP, la revisión se ha centrado en tres categorías. La primera categoría evalúa si Bolivia, Georgia, Irak, Tailandia y Uzbekistán cumplen con el criterio de elegibilidad del SGP que requiere que un país beneficiario de estos beneficios arancelarios ofrezca a los trabajadores derechos reconocidos internacionalmente para el trabajador; en la segunda categoría se evaluara si Ecuador está cumpliendo con el criterio de elegibilidad del SGP que exige que un país beneficiario del SGP actúe de buena fe al reconocer que es obligatorio hacer cumplir los laudos arbitrales aplicables; y en la tercera categoría que abarca a Indonesia y Uzbekistán se evalúa si cumplen el criterio de elegibilidad del SGP que exige que un beneficiario del SGP proporcione una protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual.

Bolivia tiene problemas con la legislación mundial, porque una nueva normativa aprobada el 2016 ha establecido como legal el trabajo infantil a partir de los 10 años. Los representantes del gobierno de Evo Morales, en un esfuerzo por no perder los beneficios del SGP, anunciaron que el Reglamento del Código establecerá como legal el trabajo infantil a partir de los 14 años, y de esa forma modificaran su propio Código y esperan ser más compatibles con la legislación mundial.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) 848.000 niños, niñas y adolescentes trabajan en alguna actividad en Bolivia. De esa cifra la mitad se encuentra debajo de 14 años, la edad mínima permitida en el mundo.

El Código Niño, Niña y Adolescente autoriza el empleo a partir de los diez años; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional el artículo 129 de esa normativa, aprobada en 2016, que rebajo la edad autorizada para trabajar de 14 a 10 años.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) remarca que el 17% de la niñez, es decir, 402.612 personas entre siete a 17 años, trabajan y son remunerados en el país, según datos del Censo 2012. De acuerdo con las proyecciones de población al 2018, las niñas y niños de cero a 11 años representan el 25,7 % del total de la población boliviana.

Los delegados de los países están citados a presentarse en la audiencia pública del 29 de noviembre de 2018.

El programa SGP está autorizado por el título V de la ley de comercio de 1974 y se implementa de acuerdo con la orden ejecutiva 11888 del 24 de noviembre de 1975, modificada por las órdenes ejecutivas subsecuentes y las proclamaciones presidenciales.

El SGP es un programa de preferencias comerciales de los Estados Unidos que tiene por objeto fomentar la diversificación de las economías. Este programa otorga un tratamiento arancelario preferencial a más de 5.000 productos importados provenientes de casi 140 naciones en desarrollo, que entran a Estados Unidos exentos de impuestos y derechos aduaneros.

En el caso del asunto de Trata de Personas, el memorándum de Trump establece además que instruye a “cada banco multilateral de desarrollo, tal como se define en la ley, y al Fondo Monetario Internacional que voten en contra y utilicen el gobierno de ese país no administra los mejores esfuerzos para negar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de la institución respectiva (que no sea para asistencia humanitaria; para asistencia relacionada con el comercio o para asistencia para el desarrollo que aborde directamente las necesidades humanas básicas) y no confiere ningún beneficio a ese gobierno) para el Gobierno de Bolivia.

La lista de países sancionados por el incumplimiento de Trata de Personas es la siguiente Belarús, Belice, Bolivia, Burma, Burundi, China, Comoras, República del Congo (ROC), República Democrática del Congo (RDC), Guinea Ecuatorial, Gabón, Irán, Laos, Mauritania, Papua Nueva Guinea (PNG), Sudán del Sur, Turkmenistán y Venezuela por Año fiscal (FY) 2019. La medida se mantendrá “hasta que dichos gobiernos cumplan con los estándares mínimos o hagan esfuerzos significativos para cumplir con la ley”.

Trump también “ordena al Director Ejecutivo de los Estados Unidos de cada banco multilateral de desarrollo, tal como se define en la Ley, y al Fondo Monetario Internacional que voten en contra y utilicen el gobierno de ese país no administra los mejores esfuerzos para negar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de la institución respectiva (que no sea para asistencia humanitaria; para asistencia relacionada con el comercio o para asistencia para el desarrollo que aborde directamente las necesidades humanas básicas) y no confiere ningún beneficio a ese gobierno) para los gobiernos de Bolivia, Birmania, Burundi, China, Comoras, ROC, RDC, RPDC, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irán, Laos, Mauritania, Rusia, Sudán del Sur, Siria y Venezuela para el año fiscal 2019 hasta que dichos gobiernos cumplan con los estándares mínimos o hagan esfuerzos significativos para cumplir con la ley”.