Siete mil denuncias contra operadores de justicia

El decano del Consejo de la Magistratura (CM), Omar Michel, informó ayer que durante esta gestión el sistema de administración de justicia conoció siete mil denuncias contra operadores de justicia: jueces, vocales y otros funcionarios, de cuyos casos, veinte jueces fueron destituidos por faltas gravísimas.

La autoridad explicó que de las denuncias verificadas por el CM, veinte jueces fueron destituidos por faltas gravísimas, excusas declaradas ilegales, recusaciones, suspensiones de audiencias, además de algunos procesos que fueron derivados al Ministerio Público por tener indicios de responsabilidad penal.

Señaló que la cifra de destituciones es alarmante, a diferencia de la gestión precedente donde en seis años se registraron más de 18.000 denuncias, pero pocas destituciones.

Las críticas a los operadores de justicia se incrementaron los últimos meses, porque salieron a la luz irregularidades como en el caso bebé Alexander, Banco Unión, del dirigente cocalero Franclin Gutiérrez, entre otros.

Recientemente, la expresidente del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, Patricia Pacajes, denunció a sus excolegas Gladis Guerrero y Roberto Mérida, de formar parte de un consorcio de abogados, jueces y fiscales que favorecía a personas con poder económico. Estos le respondieron con el anuncio de procesos penales por difamación.

Otro caso que causó indignación de la sociedad fue la solicitud del juez Orlando Rojas al presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, que renuncie a su cargo a cambio de su libertad.

Al respecto, su abogado Jorge Santistevan señaló que la condición de renuncia a la dirigencia de Adepcoca cruza la línea judicial a la política. “Los funcionarios de la justicia son despersonalizados, sin ética porque deben consultar ‘al jefe’ para aplicar su propio código. Es decir, el código de ‘la consigna’, es así que tenemos en el país, ciudadanos exiliados, presos y muertos, el caso de Franclin Gutiérrez es un ejemplo de muchos otros”, dijo.

En criterio del exdirector del Régimen Penitenciario, Ramiro llanos, el Estado culpa e inculpa al individuo sin medir consecuencias ya sea en el ámbito social, económico o legal, porque la justicia en el país funciona para la persona que tiene dinero.

Para el abogado Williams Dávila, la crisis de la justicia viene desde hace muchos años. Sin embargo, en los últimos tiempos se desnudó un trabajo deficiente, aunque aclaró que como en todo, hay excepciones.

Consultado acerca de las opciones para mejorar la justicia, refirió que se debe “valorar a las autoridades superiores para tener elemento idóneo y transparente, para tener fiscales y jueces. La actitud tiene que incidir mucho, cómo se porta el servidor público. Debe haber un examen de ética, incluso un examen psicológico porque el juez debe ser imparcial y claro en sus apreciaciones”, manifestó.

El representante del CM en La Paz, Américo Aranibar, informó que la instancia contralora de la administración de justicia realiza controles y fiscalizaciones permanentes para recuperar la confianza de la población.

En esa línea, manifestó que están evaluando profesionales probos para que ocupen cargos de jueces y vocales.

“Dentro de lo que establece la normativa del CM, existe la carrera judicial que implica el ingreso del profesional al sistema. Desde la próxima gestión, habrá una segunda etapa donde se harán evaluaciones permanentes que podrían derivar en la suspensión o cesación de los jueces”, anunció.