Por “no existir condiciones para ejercer sus funciones”, el alcalde de Oruro, Rafael Bazán, renunció al cargo, a través de una carta dirigida al Tribunal Departamental Electoral (TSE).
Bazán fue suspendido del cargo el pasado 12 de mayo de 2018 cuando fue remitido con detención preventiva a el penal de San Pedro, acusado por un daño económico de casi 3 millones de bolivianos en la presunta firma de contratos lesivos al Estado por la adquisición de mochilas de origen chino para el proyecto “Mi Carpeta” del año 2016.
En septiembre pasado, Bazán salió de la cárcel con detención domiciliaria y pese a que intentó reasumir funciones no fue autorizado por el Concejo Municipal.
