Por corrupción
Desde el 9 de noviembre cursa en el Ministerio Público una denuncia penal en contra del alcalde de Uyuni, Patricio Mendoza, del Movimiento al Socialismo (MAS), por los delitos de concusión, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, informó ayer el viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez.
Explicó que el 2016, el Concejo Municipal de Uyuni emitió la resolución 069/2016 que disponía la transferencia de bienes del Estado en favor de particulares. Se hizo una lista inicial de 4.179 personas para ser beneficiadas con esta transferencia de lotes del Estado, cuyo valor era de Bs 20 el metro cuadrado.
Jiménez explicó que esta ley municipal tiene que ser aprobada, como establece la Ley 803, por el Comité de Autonomías Municipales y Regionales de la Asamblea Legislativa, instancia que el 15 de mayo de 2018 deniega la autorización y piden subsanar las irregularidades. Paralelamente, ponen en conocimiento del Ministerio de Justicia para que se tomen acciones.
“Lo más grave en este caso para hacer la denuncia penal por corrupción, es que los pagos iniciales se transfieren a una consultora particular de nombre Lazos, que funciona en un predio particular en el municipio de Uyuni y recibe los cobros. Hay recibos de ciudadanos que adquieren lotes, pero no se saben a qué cuenta fueron depositados, no hay firma de ningún cajero, hay montos de diferente naturaleza y sabemos que esa consultora no tiene autorización de funcionamiento”, afirmó.
En junio de este año, el alcalde Mendoza, en su rendición de cuentas de la gestión municipal, afirmó que por recaudación vía recursos propios es cero, cuando en enero ya se estaba recibiendo ciertas cantidades de dinero, supuestamente, recursos de la venta de terrenos. El alcalde debe comparecer ante la justicia donde se definirá su situación jurídica.
Evidenciada la irregularidad de los hechos, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción presentó la denuncia ante la Fiscalía, instancia que procedió a allanar las oficinas del Alcalde de Uyuni, donde se estaban haciendo esos cobros.
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