350 funcionarios son investigados
En la actual gestión de la Caja Nacional de Seguridad (CNS) se estableció que se produjeron 191 denuncias relacionadas a hechos de corrupción, de las cuales 119 concluyeron el proceso de investigación y siguen aún en trámite 72 casos, informó ayer el gerente de la entidad, Juan Carlos Meneses.
Del total de los casos 65 denuncias (40 %) corresponden a funcionarios que infringieron el reglamento interno, 67 casos (40 %) se registraron por corrupción en el servicio de Oncología, Traumatología, Banco de Huesos, Patología; las acusaciones presentadas fueron por hurto, robo, venta de ítems, entre otros, en La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz.
Señaló que de la institución se robaron equipos desde un monitor multiparamétrico (equipos de terapia intensiva) hasta alimentos de los almacenes.
Un porcentaje más reducido (30 %) reportó 47 casos de maltrato y negligencia médica. Y por temas de restricción a la información se reportaron 12 casos.
DENUNCIAS
De acuerdo con las denuncias formalizadas ante el Ministerio Público, el departamento de La Paz presentó dos denuncias, Cochabamba tres, Oruro cinco, Pando dos y la oficina nacional presentó cuatro, entretanto que Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija, Potosí y Sucre no presentaron ni una denuncia de corrupción.
Entre los casos relevantes en el ámbito penal se presentaron 16 casos, entre ellos, el avasallamiento de terrenos por la CNS, del cual el Servicio de Anatomía Patológica tiene 6 involucrados; el Servicio de Anatomía Patológica II tiene 11 investigados y ocho detenidos; Oncología I, 5 procesados y cinco aprehendidos; y Oncología II, un detenido.
FUNCIONARIOS
La autoridad detalló que al menos 350 funcionarios a nivel nacional son investigados por hechos de corrupción, de los cuales el 10 % cumple con detención preventiva o domiciliaria.
Afirmó que producto de los casos de corrupción se tiene a nivel nacional un aproximado de 40 personas con detención domiciliaria o preventiva.
Alrededor de 30 administrativos fueron destituidos de sus cargos, por diferentes faltas, entre ellas un chofer de ambulancia encontrado en estado de ebriedad; también se presentaron casos por abandono de sus funciones en horario de trabajo, por robo y tráfico de pacientes.
PERJUICIO
Meneses señaló que los hechos registrados fueron protagonizados por funcionarios que formaban parte de grupos de poder, razón por la que en muchas oportunidades los denunciantes salieron perjudicados; en base a argumentos falsos se los suspendía del trabajo o del sindicato, recurriendo al uso indebido de influencias. “Un aproximado al daño económico total a la institución fue de 30 millones de bolivianos”.
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