El problema carcelario en nuestro país es gravísimo desde hace muchísimas décadas y en los registros referidos a los diferentes sitios de alojo o apresamiento, seguramente están planes y proyectos de toda índole, para solucionar tanto el hacinamiento como el hecho de que muchos, “por falta de espacio”, están en situación de “arresto domiciliario”. Muchas veces se ha sostenido, por parte de varios gobiernos, la urgencia de vender edificios grandes - caso del Panóptico de San Pedro en la ciudad de La Paz- y con el producto construir siquiera tres cárceles modelo en el país, dotarlas de todo lo necesario, conforme a técnicas modernas. Así se podría evitar que siga el “alojamiento” de familiares conjuntamente los reos, y no tener como práctica permanente el entrenamiento o profesionalización de muchos presos en manualidades y trabajos que podrían realizar en el mismo recinto, para tener una profesión que desempeñar una vez hayan cumplido su sentencia y recobren la libertad (ED 8-XI-18).
Todo anuncio y plan ha ingresado simplemente en el campo demagógico, sin que haya el propósito de cumplir. Ahora, habría surgido la idea de los ministerios de Gobierno y Justicia, de “levantar un censo de la población carcelaria con el fin de conocer las necesidades de los presos, saber su situación y, sobre la base de todo ello, aplicar las soluciones más necesarias”. Extraño argumento porque, por principio, las autoridades deben contar con detalles pormenorizados sobre la situación de cada recinto y, mucho más, de la vida y causas de detención de quienes han perdido la libertad por faltas o delitos cometidos.
Los anuncios de las autoridades muestran que ellas creen que el levantamiento de un censo sería para solucionar problemas, cuando los mismos son conocidos a través de la documentación existente y de las experiencias recogidas durante muchos años. Una declaración sostiene: “Vamos a hacer la estadística conjunta con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía no para tener una cifra exacta de presos, nos interesa tener un estado de situación sobre los presos para ver qué servicios instalar”.
Extraña explicación cuando empezando por los Tribunales de Justicia y los responsables directos de atención del sistema carcelario, deben conocer “pormenorizadamente” las necesidades y urgencias de cada recinto y, mucho más, de cada habitante de la cárcel, además del hacinamiento y condiciones inhumanas en que viven”. Las estadísticas lo único que harían es reiterar una situación que, repetidamente, se ha conocido a través de los años.
El problema es grave, no tanto por las declaraciones e intenciones, sino por el drama que se vive en las cárceles y que, con algo de imaginación y los presupuestos y proyectos, puede ser resuelto en corto tiempo y conseguir, además, que la pignoración de inmuebles vetustos sirva para modernizar efectivamente el sistema carcelario.
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