Cívicos dan plazo de 72 horas para anular candidatura de Evo Morales

Representantes de los comités cívicos de ocho regiones de Bolivia dieron un plazo de 72 horas hábiles a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que anule la resolución que habilita a Evo Morales como candidato presidencial. De no cumplirse esta demanda, comenzarán medidas de presión extremas, entre ellas una huelga de hambre nacional con bloqueos de caminos y vigilias.

La reunión de los comités cívicos se realizó de emergencia en la ciudad de Cochabamba, después del paro con marchas, vigilias y bloqueos que se suscitó el jueves en todo el país

El primer punto de la resolución emitida en Cochabamba ratifica la movilización indefinida. El segundo punto exige la anulación de la Resolución Administrativa 645/2018 del TSE, mediante la cual se habilitaron los candidatos a las Elecciones Primarias.

En el tercer punto, los comités cívicos dispusieron un plazo de 72 horas hábiles para que se anule la Resolución que habilita a Morales y García para un cuarto mandato.

Advirtieron que de no cumplirse esta demanda, se iniciarán una serie de protestas como huelgas de hambre, bloqueos y vigilias en defensa de la democracia.

Es decir que el plazo de 72 horas hábiles concluirá el próximo miércoles, el mismo día en que el TSE debe informar su decisión acerca de si declara procedente o no las impugnaciones contra las candidaturas.

En su cuarto punto, los cívicos llamaron a jefes de partidos y candidatos a una reunión, a consensuarse la fecha, para buscar acuerdos para preservar los valores democráticos y el imperio de la ley.

Los comités también decidieron repetir la representación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se pronuncie con prontitud sobre la denuncia de repostulación de Evo Morales.

Todas estas determinaciones surgieron a un día de la movilización en protesta por la habilitación de la candidatura del presidente Evo Morales y Álvaro García.

Los cívicos prácticamente replicaron las conclusiones a las que llegaron las plataformas entre las que destacan exigir a los órganos Ejecutivo, Legislativo y Electoral la cancelación de las Elecciones Primarias por la habilitación inconstitucional del binomio oficialista y la abrogación de la Ley 1096 de Partidos Políticos.

Otra de las exigencias de los marchistas fue la inmediata renuncia de todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque habilitaron a Evo Morales y Álvaro García a un cuarto mandato, desconociendo con ello el resultado del Referéndum Constitucional del 21 de febrero de 2016 y varios artículos de la Constitución.

Con cánticos como “¡No me da la gana de vivir en dictadura como la venezolana!”, los activistas, acompañados por varios sectores de la sociedad como la UMSA, maestros, gremiales e indígenas, atravesaron gran parte de la ciudad y llegaron hasta la plaza Abaroa, donde se encuentra la oficina nacional del TSE.

Frente al TSE en una concentración vigilada por un centenar de policías, los marchistas dieron a conocer una resolución de cuatro puntos.

El primer punto es exigir la abrogación de la Ley de Organizaciones Políticas, cuestionada porque dispone la realización de Elecciones Primarias.

Luego del cabildo la gente comenzó a lanzar basura, huevos y petardos a puertas del ente electoral recibiendo la gasificación de los efectivos. La Policía también tomó la plaza y unos 300 uniformados con equipo antimotines reforzaron al contingente.