Desde tiempos del Imperio aymara hasta el presente, el actual territorio que ocupa Bolivia se caracterizó por ser productor de materias primas para exportación y depender de países consumidores.
Primero fue exportador de productos agrícolas, extraídos por el Imperio Incaico que invadió el Kollasuyo, régimen que duró siglo y medio. Después vino la era de la plata, que benefició al coloniaje español, que se llevó la plata durante tres siglos. Enseguida, el país pasó a exportar guano y salitre del Litoral, durante varias décadas. Con posterioridad vinieron las etapas republicanas del extractivismo de la plata y del estaño, que duraron alrededor de cien años.
A mediados del siglo pasado se pensó que había terminado la etapa del saqueo de las riquezas naturales del país, pero pese a las buenas intenciones, la fuga de dichas riquezas minerales, a la que se sumó la fuga de productos vegetales y aun valores humanos, el fenómeno económico se reanudó en el presente siglo con el gas, hidrocarburo de origen subterráneo que sirvió y sirve para su exportación colonial, con enormes beneficios financieros, pero que no sirvieron para el desarrollo del país y en gran proporción fueron destinados al despilfarro y la corrupción, dejando al pueblo boliviano, propietario de esas riquezas, en la misma miseria de antes.
La época extractivista del gas fue intensa, aunque solo está durando unos quince años y está llegando a su final, al igual que las anteriores.
Los yacimientos de gas se agotan rápidamente, con agravantes, entre ellos la caída de los precios de exportación, cierre de los mercados de consumo externo, descubrimiento de gas en grandes cantidades en países consumidores (Vaca Muerta en Argentina, y campos presal en Brasil) y porque no se ha descubierto nuevos yacimientos del hidrocarburo en el país. Se considera que a más corto que largo plazo, Bolivia no tendrá gas para exportar y sufrirá escasez para consumo interno. En ese sentido, Bolivia se convertiría de exportador en importador, debido a que no se aprovechó la etapa de prosperidad.
En efecto, YPFB descuidó la búsqueda de nuevos yacimientos y aunque gastó en exploración varios cientos de millones de dólares, no colmó la expectativa, como sucedió con la falla en la perforación del pozo Boquerón, caso al que se suman Lliquimuni, que costó unos 200 millones de dólares y el más reciente de Boyuy, que alcanzó la profundidad de siete mil metros, a cargo de Shell y costó no menos de 300 millones de dólares, sumándose así pérdidas por cerca de mil millones de dólares.
Ese panorama que se perfila recaerá en las espaldas del gobierno que está terminando y del que venga después de las elecciones próximas.
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