Causa alarma, preocupación y angustia en la población el aumento de violaciones y asesinatos en el país; las estadísticas muestran datos alarmantes que, tal como se producen e incrementan conforme al paso del tiempo, se cree que podrían alcanzar cifras espeluznantes. La Fiscalía General del Estado indica que, a la fecha, se ha reportado 1.324 casos de violación a niños y adolescentes y el INE informa que el 36 por ciento de la población está conformado por niños y adolescentes, a los que se añaden adultos que “necesitan la protección y presencia de autoridades”. “El promedio de violaciones a niños y adolescentes (de ambos sexos) es de 3 a 4 violaciones por día; 84 niños asesinados en la gestión 2017 son cifras alarmantes”, dijo el Ministro de Justicia.
La gravedad del problema debería obligar al gobierno a adoptar medidas punitivas drásticas y sentar los precedentes necesarios; debe, en todo caso, disponer que los cuadros policiales sean más efectivos y actúen con presteza cuando son requeridos; que no esperen que la víctima “señale al violador o al asesino”. Por poco no añade: “Que se nos señale a los autores de violaciones y asesinatos, nos los traigan y nosotros los apresamos”, un extremo que podría darse, dada la poca capacidad que existe en los policías que -así lo prueba la experiencia- están dedicados a la vigilancia en bancos, embajadas, etc.
Centros nocturnos, calles sin iluminación, lenocinios, bares y restaurantes, entre otros sitios que funcionan en las ciudades, están totalmente desguarnecidos y cuando se pregunta por la Policía ante la presencia de un hecho ilegal y criminal, la respuesta siempre es la misma: “Se llamó pero no hay policía que llegue al lugar del hecho”. Existe tal desidia y descuido en los cuadros policiales, que para la colectividad se “justificaría” porque su comandante está dedicado a ofrecer su apoyo incondicional al partido de gobierno, antes de disponer acciones precisas contra el crimen, la delincuencia y las violaciones.
Mujeres asesinadas, muchas después de ser violadas, niños de ambos sexos violados y otros sometidos al vil negocio de tráfico de órganos, prácticamente sufren por abandono de las autoridades. Fiscalías y jueces solo anotan que “la autoridad cumple con sus deberes”, pero la consumación de tanto delito prueba lo contrario. Se dice que parte de maltratos, violaciones y asesinatos “surgen de entornos familiares”; pero, ¿cuándo se informa de manera pormenorizada al respecto? ¿Cuántos casos son atendidos por fiscales y jueces? ¿Cuántos han sido apresados luego de haberse denunciado el delito cometido? ¿Cuándo se da datos referidos “en general” y no hay mayormente detalles siquiera para que los familiares puedan formular los reclamos que correspondan?
Las ciudades del país no pueden ni deben ser descuidadas por las autoridades o, si esta situación continuará, habrá que autorizar el funcionamiento de “policías privados o guardaespaldas”; pero ¿quién sufragará los gastos? Será el gobierno o la Policía que seguramente no querría verse reemplazada.
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