Expresidentes piden a OEA tomar medidas preventivas

La defensa del voto del referéndum del 21 de febrero de 2016 y el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) pasó a conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El caso boliviano motivó la declaración de 20 expresidentes en rechazo a la repostulación de los actuales mandatarios – candidatos; sin embargo, desde el Gobierno ya se anticipa que no se tomará en cuenta ninguna resolución.

Este domingo se publicó la declaración del grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas - IDEA, una organización que concentra a expresidentes contrarios a los regímenes del grupo del denominado socialismo del siglo XXI, y que se manifestó también en casos como la dictadura castro-chavista en Venezuela o los recientes hechos en Nicaragua.

En el documento, firmado por 20 exdignatarios de 12 países hispanoamericano, incluyendo al boliviano Jorge Quiroga, se pide que la Organización de Estados Americanos (OEA) emita acciones ante “la ruptura del orden constitucional y democrático” en Bolivia, a partir de la resolución de habilitación de binomios a elecciones primarias emitido el 4 de diciembre por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El documento también alude a la Unión Europea (UE).

“Instamos, respetuosamente, a los gobiernos de los Estados miembros de la OEA y de la UE, a mantenerse vigilantes y disponer las medidas preventivas y efectivas necesarias y apropiadas a la ruptura del orden constitucional y democrático ocurrido en Bolivia bajo la presidencia de Evo Morales”, cita la parte declarativa firmada, entre otros por José María Aznar y Felipe Gonzáles de España, Fernando de la Rúa de Argentina, Vicente Fox de México, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe de Colombia, Mireya Moscoso de Panamá, entre otros.

La OEA es la organización que cobija a la CIDH, lugar al que acudieron el pasado miércoles las partes demandantes como sociedad civil y demandada como Estado Plurinacional para tratar el tema de la reelección presidencial en Bolivia y los alcances del Pacto de San José de Costa Rica al cual apeló el régimen de Evo Morales para que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declare preferentes los “derechos políticos de las autoridades electas” por encima del ordenamiento boliviano.

Por Bolivia se presentaron al 170 período de sesiones de la CIDH Rubén Darío Cuellar, como director de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, además del rector y exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, hoy vinculado al Comité de Defensa de la Democracia (Conade).

La audiencia concluyó sin fijar una fecha para la nueva reunión, aunque el siguiente período de sesiones está programado entre el 7 al 16 febrero en Cochabamba.

El sábado, en entrevista con El Deber, el segundo mandatario Álvaro García anticipó que cualquier acción de la CIDH no será tomada en cuenta porque sería necesaria una reforma a la CPE que se anteponga a la decisión que tomó el Tribunal Constitucional Plurinacional con su sentencia 084/2017.

“Lo que pasa es que el único intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional, tendríamos que cambiar la CPE para acatar un fallo internacional que ponga como argumento que la reelección no es un derecho humano, o expresamente en algún convenio internacional tendría que estar explícito que las decisiones de instancias internacionales están por encima de las instancias jurídicas locales”, declaró.

Este domingo, en declaraciones a los medios estatales, el procurador general Pablo Menacho dijo que la oposición no tuvo argumentos jurídicos ante la CIDH, porque solo utilizaron criterios políticos para tratar de inhabilitar al actual mandatario quien “tiene todo el derecho legítimo de participar en una elección”, según la sentencia constitucional de 2017.

“Los derechos políticos son derechos humanos establecidos en la Convención Interamericana y, por otro lado, la presentación de un candidato a las elecciones generales no viola absolutamente ningún derecho. De hecho, profundiza la democracia en Bolivia, dándole la posibilidad de que sea el actor en última instancia defina a quien entregará su voto”, sostuvo el funcionario.

Con todo el proceso para las elecciones primarias del 27 de enero ya está en marcha en Bolivia, una acción de la CIDH que derivaría eventualmente en una acción de medidas cautelares, pero es otra instancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la única que puede abrir un juicio al Estado Plurinacional con efectos jurídicos, pues el país es signatario del Pacto de San José de Costa Rica y miembro pleno de la OEA. (Visor Bolivia)