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Tariquía

Autoridades buscan frenar explotación hidrocarburífera

Acudirán a los tribunales y a la justicia internacional por el rechazo del TCP a la acción legal en defensa de la reserva natural

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC) rechazó el recurso de Acción de Inconstitucional Abstracta presentado contra cuatro normas que brindan ingreso a empresas petroleras, para realizar trabajo de exploración y explotación en la Reserva Nacional de la Flora y Fauna de Tariquía.

La información fue dada a conocer por el secretario de medioambiente de la comunidad de la reserva de Tariquía, Francisco Romero, quien dijo que era de esperarse porque todos los fallos y recursos son a favor del Gobierno.

“En la Subcentral de Tariquía la situación está calmada, pero sabemos que están ingresando por la zona de Cajón porque tienen la licencia ambiental para tres proyectos”, manifestó.

En los siguientes días autoridades de Tariquía acudirán a los tribunales y a la justicia internacional para encontrar la manera de frenar la explotación.

En conclusión, Francisco Romero denunció que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) habría rezonificado y sacado una resolución en la reserva sin consentimiento de las comunidades y acortado el área protegida para hacer más fácil la obtención de las licencias.

UNIDOS POR TARIQUÍA

En el mes de junio, la plataforma “Unidos por Tariquía” aprobó la presentación de una acción abstracta de inconstitucionalidad ante el TCP, que apuntaba a dejar sin efecto las leyes que viabilizaron la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en áreas que están dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía.

En julio, parlamentarios que apoyan la causa y comunarios, presentaron el recurso para que se revise la Ley 1049 y la Ley 1050, que permiten el ingreso de las empresas YPFB Chaco y Petrobras a San Telmo Norte y al Área Astillero.

El secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Subcentral del Cantón Tariquía, Francisco Romero, indicó que ahora lo único que queda es acudir a las instancias internacionales para defender el área protegida. Sin embargo, remarcó que con esto se puede ver que la justicia boliviana está respaldando las intenciones del Gobierno, mientras la población va pasando a un segundo plano.

 
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