Dos jóvenes, presuntos delincuentes, fueron lapidados y quemados en la localidad de Uncía (otrora victimaron a 4 policías). En San Julián, un joven brasileño, fue salvajemente golpeado y luego ahorcado en un árbol. En La Paz, un energúmeno sometió a puñetes y patadas a un policía –casi- de la 3° edad, mientras su Comandante ofreció 37.000 policías al gobierno y acosa con organismos de Inteligencia a periodistas. El presidente, después de 13 años, quiere liderar la fracasada lucha contra el feminicidio, cuando las cifras anuales pasan del centenar. El defensor del pueblo, militante del MAS, ¿defenderá el voto del 21F?, huelga la respuesta.
Desde su inicio (año 2006), el gobierno politizó la “justicia”, eximió el debido proceso. Por ejemplo, un joven albañil le recordó al presidente que “Bolivia dijo NO” e inmediatamente fue detenido y encarcelado. Henry cabrera, asambleísta del MAS, maltrató física y psicológicamente a su pareja y ella desistió, inadmisible en la Ley 048. Jhiery Fernández, siendo inocente, fue encarcelado 4 años, al ser acusado de haber violado y matado a un bebé. Mariela Valdés alertó sobre el desfalco al Banco Unión por Juan Franz Pari y fue imputada por enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa y encarcelada un año. Ni qué decir de líderes (campesinos) que no concuerdan con el gobierno: Cancio Rojas, Félix Becerra, Fernando Vargas, Damián Condori, Carlos Mamani, Adolfo Chaves, Elsner Larrazábal, franklin Gutiérrez. Todos, fueron acusados por algún delito, encarcelados y procesados penalmente.
La violación a la ley -con estilo cubano, chino o venezolano- subsume al soberano en una indefensión: se aplica una norma para el amigo y otra para el disidente a la religión del MAS. Es decir, no se puede cuestionar, quejarse o supervisar -algún abuso- al gobierno. Cuando alguna prensa, crítica, le incomoda, la acusa de estar dando fake news (noticias falsas), para crear desconfianza. ¡Evo siempre creyó que su palabra es cierta! Sin vergüenza alguna quiere -electoralmente- mostrar una justicia independiente, y dice: “tal vez abandone el poder en 2020 y luego –tal vez- sea enjuiciado”. Por ello, se teme caer ante jueces y fiscales que violan la verdad de los hechos, se corre más riesgos ante éstos, que ante los delincuentes.
La mayor indefensión del soberano es que se le niega su derecho al voto expresado el 21F2016. Si Evo Morales fuera “reelegido”, sería un presidente inconstitucional que generaría entuertos internacionales. Su forma de actuar -en muchos casos- fuera de la ley es enjuiciar a la persona que se queja o reclama por algún exceso del gobierno, para luego ser echado a las “fauces” de (muchos) jueces y fiscales, quienes adoptan comportamientos psicópatas que dejan aflorar sus más bajos instintos. Quisieron lapidar al ex vocero de la demanda marítima con Quirobax y supuestos sobornos con el caso Lava jato.
Los, entre otros, casos anotados permiten colegir una frenética pérdida de empatía ante el dolor ajeno, que genera indefensión: niegan medios de defensa a la parte litigante. El estatus de tutela y reforma, la presunción de inocencia y el “todos somos iguales ante la ley”, es un engaño, una entelequia. La indefensión es promovida por el gobierno, en complemento con jueces y fiscales, que desdeñan los derechos y dignidad humanos de muchos bolivianos, garantizados en la CPE. A ello se agrega la vox populi de “invención de pruebas” para otorgar ventajas procesales al poderoso (MAS). ¿Y así quieren ser re-re-reelegidos? No creo.
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