La política y la investigación fiscal

No pasó mucho tiempo para que el nuevo Fiscal de Distrito de La Paz se diera a conocer en determinados casos. Si nos atenemos a la sentencia bíblica de que “por sus frutos los conoceréis”, no queda mucho por añadir. La autoridad aseguró que no se investigará el seguimiento, vigilancia y rastreo que lleva a cabo el Comando Nacional de la Policía y sus organismos de Inteligencia contra periodistas y políticos opositores sobre sus cuentas y actividad cibernética que puedan estar realizando, tal como quedó en evidencia por la filtración de un audio entre el Comandante General de esa institución y altas autoridades del Gobierno en días pasados.

El fiscal del Distrito, doctor William Alave, adujo que en el caso no existe denuncia ni materialización del hecho, lo que le impide investigar. Aunque el Comandante atribuyó a manipulación lo grabado, no negó que su voz habría sido impostada. Otro tanto afirmó el Fiscal del Distrito en la denuncia por alteración y falsificación de militancias partidistas denunciadas por cientos de ciudadanos perjudicados; en este caso por no existir poder acompañado a la querella. Esta posición parece responder a la confianza de los dos tercios del Órgano Legislativo que votó a favor de su nombramiento. Explícita continuación de la conducta de sus predecesores, siempre inclinada a desestimar cuanto pudiera contrariar al Gobierno.

La difusión del audio en el cual el comandante Faustino Mendoza y el jefe de Inteligencia, Freddy Huallpara, revelan lo ya indicado ante el presidente Evo Morales y algunos ministros, es una indudable confesión de que el audio hace conocer con lujo de detalles, sin embargo el Fiscal deja pasar por alto estos hechos. Tan repetida actitud señala que sus dependencias han olvidado el deber de actuar de oficio cuando, como al presente, hay flagrante violación a los mandatos de la Constitución, siendo suficiente para tipificarse como caso de orden público.

Por su parte, el Ministro de Gobierno y el Comandante policial centran su atención en identificar a los presuntos miembros policiales que filtraron la grabación, desatendiendo el verdadero rol de la institución, de velar por la seguridad pública, en lugar de dedicarse a la tarea poco honesta de realizar espionaje a personas. A esto se puede añadir que los contingentes policiales caracterizan la represión a toda acción de protesta contra el Gobierno, como se ha evidenciado en los últimos acontecimientos de dominio público y otros anteriores.

En cambio, veremos cómo el Ministerio Público accionará rápidamente la denuncia del oficialismo contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas y Dunia Sandoval, disidentes de la resolución que viabiliza la postulación Morales-García Linera y, muy posiblemente, desestime la similar anunciada por sectores de la oposición contra los vocales que avalaron la indicada resolución.