Gobierno impulsa violencia para desvirtuar demandas

Tras los hechos violentos suscitados el martes en el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Entel y en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), los opositores advirtieron que el gobierno de Evo Morales recurre a actos violentos para desvirtuar la defensa de los resultados del referendo del 21-F. Mientras que los oficialistas aseguran que la oposición pretende instalar un golpe de Estado.

Al respecto el candidato presidencial por la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, manifestó que hay una intencionalidad por parte del gobierno de construir una conspiración para desvirtuar las demandas de los sectores que defienden el 21F.

“Me parece que está intentando construirse una teoría de la conspiración para definir entre comillas que hay una responsabilidad de quienes defendemos el 21F en las acciones de violencia que son muy subjetivas. Por lo menos deben darnos lugar a la seria duda sobre quiénes son los verdaderos responsables y si se puede utilizar la palabra infiltrados”, dijo en una entrevista con la Red Uno.

Desde el martes, las diferentes autoridades del Gobierno responsabilizaron de estos hechos a los líderes de oposición y las plataformas ciudadanas de haber cometido estos actos vandálicos contra las instituciones del Estado. Una marcha convocada por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) tomó las calles del centro cruceño con la bandera del 21F que terminó en desmanes.

ESTRATEGIA

Por su parte los diputados de la oposición Wilson Santamaría y Rafael Quispe explicaron que el Gobierno usa las mismas estrategias en las masivas movilizaciones que son convocadas por la población, donde infiltran a personal de la policía o gente allegada al partido oficialista que busca mecanismos para generar violencia, caos y zozobra.

En enero del 2007 la prefectura de Cochabamba fue quemada debido a una turba de sectores afines al MAS que pedían la renuncia del entonces prefecto, Manfred Reyes Villa, en este hecho también se registraron a personas infiltradas en la movilización.

Quispe recordó que durante la marcha de los comunarios del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) en el 2011, se identificó a la oficial Ángela Dayana Cáceres Ramírez como una de las infiltradas en esa movilización, enviada por la dirección nacional de inteligencia del verde olivo.

“Es un modus operandi que usó el MAS en la localidad de Chaparina, se presume que en el Porvenir y en otras movilizaciones que siempre están presentes gente infiltrada. Cuando iniciamos el proceso la policía dijo que está presente en todas las manifestaciones e infiltran a su gente para controlar las manifestaciones”, destacó el opositor.

Por su parte Santamaría dijo que esta estrategia también se replicó en la quema y toma de la alcaldía de la ciudad de El Alto, en febrero del 2016 donde también se identificó a gente que pertenecen a sectores afines al partido oficialista, el dirigente gremial Braulio Rocha fue detenido por ser uno de los principales responsables intelectuales de esa turba.

En las últimas semanas, circuló un audio de una reunión entre el presidente evo morales y el alto mando policial, donde se develó que la fuerza del orden hacia seguimiento a periodistas, líderes de oposición y activistas del 21F. Además se conoció que se anticipaban a las manifestaciones que se realizaron en diferentes partes del país.

GOLPE

Sin embargo, el diputado oficialista Édgar Montaño rechazó estas aseveraciones y alertó que estos grupos pretenden instalar un golpe de estado contra el gobierno de Evo Morales, aseguró que estas movilizaciones están manipuladas por parte del comité cívico de santa cruz y que se incluyó a gente que no pertenece a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).

Aseveró que el segundo paso de la derecha es intervenir los domicilios de los dirigentes sociales y de las autoridades que pertenecen al partido oficialista.

Su colega, Franklin Flores manifestó que la oposición envió a su gente para que puedan generar este disturbio que causo serios daños en las instituciones del Estado. Además que estos tratan de desprestigiar a los sectores del MAS.

INVESTIGACIÓN

Flores señaló que la policía tiene la obligación de investigar y dar con los responsables de estos hechos y la fiscalía debe encargarse de comenzar un proceso penal por los actos vandálicos.

Al respecto, Carlos Mesa dijo que no existe confianza en las instituciones llamadas por ley para dar con los responsables, presume que no habrá una investigación transparente.

Los opositores cuestionaron el accionar de la policía que retiró la custodia del edificio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, tomando en cuenta que había una movilización que se acercaba hasta ese predio. El resguardo policial se instaló después de la jornada de paro cívico, con la finalidad de evitar algún disturbio.

La bancada de oposición solicitó una petición de informe oral al ministro de Gobierno, Carlos Romero y al comandante nacional dela Policía, general Faustino Mendoza para que expliquen por qué retiraron el resguardo de esas instalaciones.