Desde hace muchos años, el país reclama al gobierno una amnistía general en pro de que la población abandone las simas de la angustia y la preocupación, y tenga, especialmente en las festividades de fin de año, paz y unidad en sus hogares, porque las persecuciones políticas, los exilios de quienes fueron obligados a salir del país y de aquellos que por temores muy acentuados lo abandonaron, personas que sienten y que piensan diferente a lo que siente y piensa el gobierno y su partido; ciudadanos que creen que las políticas impuestas en el país no siempre son las más convenientes para mantener las condiciones de paz y unidad que se necesita; son personas que disienten de lo que hace el gobierno; en fin, ciudadanos que, con todo derecho, creen que las políticas de cambio sean efectivas pero en pos de la unidad, el entendimiento entre todos y buscando el desarrollo armónico y sostenido de la nación.
Paz y unidad en las festividades de Navidad y Nuevo Año, son absolutamente necesarias para conseguir la convivencia entre todos porque, pese a los múltiples pedidos hechos en pasados años para que se dicte amnistía general como beneficio justo y legal y, como homenaje al pueblo. El gobierno, en su fuero interno, seguramente está convencido de que confrontados o enfrentados no podemos ni debemos vivir los bolivianos, si efectivamente queremos superar los males que lastiman y que impiden emprender y vencer la batalla contra la pobreza y el subdesarrollo. Hay conciencia en el pueblo de todo ello y sólo espera que las autoridades tengan en cuenta que la comunidad nacional reclama el derecho de vivir conjuntamente todos, sin barreras que lo separen y menos con posiciones contrarias que no respeten los sentimientos y necesidades de quienes han sido obligados a abandonar el país o, en casos, sufrir las penas de cárcel por haber mostrado posiciones contradictorias al régimen que ya lleva 13 años en el poder y que, además, está empeñado en consumar una nueva reelección el año 2019.
Gobierno y partidos de oposición pueden buscar y encontrar lo que pueda obligarlos a dialogar sobre los diversos problemas nacionales, sobre las políticas aplicadas por el régimen del MAS y ver, conjunta y constructivamente, las mejores soluciones; ambos deben entender que no son rivales ni enemigos, que son, simplemente, ciudadanos que no convienen en todo, que tienen diferencias y criterios diferentes, que cada uno tiene la libertad de actuar como lo hace, pero dentro de principios legales.
El derecho de ser amnistiado es para toda persona que vive en el país y nadie, salvo dictamen de autoridad competente del poder judicial que haya determinado faltas o culpas contrarias a las leyes, puede ser privado de libertad o de sus derechos ciudadanos. Esto implica que todo político que haya sido apresado debido a su oposición, o haya sufrido exilio o, simplemente se haya alejado por razones de seguridad, tiene derecho a discutir, confrontar, protestar, por lo que haga o decida el gobierno, es pues, su derecho humano que puede ejercerlo con plena libertad. Cuando estos derechos no son reconocidos, se comete una arbitrariedad y se complota contra principios elementales de libertad y justicia.
Reclamar por una amnistía es derecho de la comunidad nacional y se lo hace en pro de quienes han sufrido destierro o exilio por no haber convenido, ni acatado algo con lo que no estaba de acuerdo o, finalmente, porque muestra contrariedad y desacuerdo con lo que hacen las autoridades y ello es absolutamente constitucional. El gobierno, pese a sentirse confrontado por las campañas pre-electorales, haciendo abstracción de la campaña partidista en que está empeñado, podría dictar -como gobierno del país- una amnistía general a favor de quienes no han cometido ningun delito ni falta contra el bien común o en contra de la Carta Magna y las leyes; hacerlo querrá decir que hay conciencia sobre los derechos del pueblo y, sobre todo, hay sentido de bolivianidad en un tiempo en que la unidad y la paz tienen que ser para todos los bolivianos sin distinción alguna.
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