Interpelación a Defensa
El informe oral de interpelación que ofreció ayer el ministro de Defensa Javier Zavaleta, evidenció que se actuó al margen de la Constitución, porque la Asamblea Legislativa no aprobó ninguna ley expresa de minutas de compra y venta para la enajenación de bienes públicos, pero el Ministerio de Defensa sólo se fundamentó en una Resolución Ministerial, cuestionó el diputado Gonzalo Barrientos,
“El Ministro de Defensa ha confirmado que este loteamiento en la entrega de terrenos bajo minutas de compra y venta que hace el Ministerio de Defensa a partir del año 2006 a mil cuarenta y cuatro (1.044) sargentos y suboficiales se realizó al margen de la Constitución, (…) porque se requería una ley expresa aprobada por la Asamblea”, indicó.
Barrientos explicó que en la enajenación y transferencia de bienes públicos se debe aprobar una ley por la Asamblea Legislativa porque es una atribución privativa, pero el Ministerio de Defensa lo hizo a través de Resolución ministerial, específico.
“(…) la transferencia o enajenación de bienes públicos del Estado se tiene que hacer con una ley aprobada por el Legislativo, porque es una atribución privativa, pero esta transferencia se lo hizo sólo con Resolución ministerial y esto demuestra que fue irregular, tomando en cuenta que se hizo depósitos de más de cuatro millones de bolivianos”, denunció Barrientos.
Por lo tanto, informó que la bancada de Unidad Demócrata (UD) a través de los diputados peticionarios e interpelantes, Rafael Quispe y él, enviaran toda la documentación por conducto regular al Ministerio de Defensa, para que investiguen, porque en estos doce años no solucionaron donde sargentos y suboficiales depositaron sus dineros y están desesperados.
DEBIÓ DENUNCIAR ANTE FISCALÍA
Al respecto, el ministro de Defensa Javier Zavaleta, al concluir la interpelación declaró a la prensa que los opositores amenazaron con varios juicios sobre el caso de “La Tamborada”, y que el caso lleva más de nueve años y que los opositores ya debieron haber denunciado a la Fiscalía, si fuera cierto que hubo delitos.
“El caso de La Tamborada data de hace nueve años y no entiendo porque la oposición no ha denunciado a la Fiscalía, si dicen que se han cometido delitos, ya debía haber un proceso, pero en todo caso tiene todo el derecho de hacerlo mañana u otro día, si lo van hacer, le hemos pedido que lo hagan con los adjudicatarios”, aclaró Zavaleta.
Recalcó el Ministro que si la oposición va tomar las medidas respectivas sea junto a los afectados, y no de forma unilateral, porque es mucho tiempo que se va retrasando este tema.
“Los directos afectados o beneficiados son ellos, no vale la pena seguir chicaneando a la Resolución de esto, ahora la oposición puede decidir que hacer al respecto, sin embargo hemos detectado una posible desaparición de documentos, que no es el fondo del problema (…) ya que lo importante y esencial es como resolver el asentamiento de mil familias”, aseguró.
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