Según Gobierno daños por destrozos suman $us 8 millones

El gobierno pretende que activistas defensores del 21F y universitarios paguen $us 8 millones por los daños materiales causados al Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, la oficina del Servicio de Impuestos Nacionales y el multicentro de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), durante los desórdenes violentos cometidos en la capital cruceña el martes 11, en repudio a la decisión del binomio presidencial de buscar una nueva reelección en las elecciones generales de del próximo año.

“Estamos hablando de $us 8 millones en los que se cuantificaron los daños que se ocasionaron a las instituciones del Estado. Para nosotros es absurdo, es una cantidad muy grande y no existe la probabilidad de que ninguna persona pueda cubrir esos gastos”, cuestionó Roger Martinez abogado de Gabriel Justiniano que fue sentenciado a tres años de cárcel.

La directora del Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Santa Cruz, Roxana Ibernagaray, indicó que al menos el 80% del edificio fue afectado por el fuego que un grupo de encapuchados prendió el pasado martes, tras una movilización que se produjo contra la habilitación de la candidatura de Evo Morales y Álvaro García.

INVESTIGACIÓN

Martinez espera que las investigaciones se hagan de forma transparente y que se encuentren a los verdaderos responsables de los actos vandálicos que derivaron en la quema del edifico del TED.

Al respecto la activista de la plataforma 21-F, Xiomara Klinsky pidió que la investigación también se amplíe contra las personas infiltradas en la movilización de los universitarios, los cuales fueron identificados por algunos activistas y estaban encapuchados.

“El Ministro de Gobierno quiso inculparnos a todos los activistas de las plataformas ciudadanas por haber participado de estas movilizaciones. Hay un interés desesperado por parte del Gobierno para acallar a los activistas porque desde el 2006 les estamos recordando que la población rechazó la repostulación del presidente Evo Morales”, sostuvo Klinsky.

De forma sorprendente la aprehensión de Justiniano y la presentación de la imputación contra el aludido se desarrollaron en menos de 24 horas. Tras asumir su participación en los actos violentos del pasado martes y someterse a proceso abreviado fue sentenciado a tres años de cárcel por los delitos de asociación delictuosa, destrucción o deterioro de bienes del Estado.

IMPLICADOS

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, indicó que existe un audio que fue presentado en la audiencia de Justiniano, sobre cuya evidencia se prevé investigar a personas ligadas a los colectivos ciudadanos y dirigentes cívicos, además de la Unión Juvenil Cruceñista.

El activista de la plataforma 21F, Oscar Alfredo “Oki” Paniagua, que asumió esa medida en dependencias del TED, recibió una notificación del Ministerio Público para que se presente a declarar en las próximas horas.

La imputación presentada por la Fiscalía contra Justiniano, señala a otros dos activistas que fueron identificados como responsables de la quema del edificio de esa institución. Se trata de Edson A. A. y Jorge E. G.

AMEDRENTAMIENTO

El abogado constitucionalista, William Bascopé lamentó que la Policía y la fiscalía hayan actuado de forma diligente en algunos casos y en otros se retrasen más de lo establecido en la norma. Advirtió que estas acciones tienen otras connotaciones políticas, entre éstas la de amedrentar a aquellos que estén en contra de las decisiones del partido en gobierno.

“Aquí la señal es otra, el mensaje es claro: aquel que se oponga a una protesta contra el gobierno tiene que atenerse a las consecuencias porque el aparato del gobierno te está vigilando y va a condenar. Esto es una amenaza al ciudadano que exige el respeto a su voto del 21 de febrero del 2016”, señaló el jurista.

Cuestionó también que las autoridades del Órgano Judicial y otras instancias que la administran aún estén bajo las órdenes del partido oficialista. Advirtió que actúan como entidades de castigo contra la ciudadanía y no contra los transgresores de la norma.