Bolivia no firma condena contra dura represión en Nicaragua

El presidente Evo Morales, que participó ayer en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), realizada en Montevideo, Uruguay, no se adhirió a la “fuerte condena” que firmaron los presidentes de los demás países contra la violenta represión del régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua.

“Fuerte condena del @mercosur y Estados Asociados (Chile, Colombia, Ecuador y Perú) a Nicaragua por la “represión generalizada y sistemática contra ciudadanos. y las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias contra la población civil”. #CumbreMercosur”, se lee en el mensaje de Twitter de la página oficial del Mercosur. No cita a Bolivia porque no suscribió la condena contra la violencia de Ortega.

Pese a que el presidente Evo Morales viajó hasta Montevideo, Uruguay, para participar de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, Bolivia no es parte de esta declaración que sí fue firmada por el resto de los países parte del bloque: Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, además de los estados asociados de Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

A Bolivia se suman también Guyana y Surinam, que tampoco firmaron la declaración.

En el caso de Venezuela, que es un Estado parte del Mercosur, pesa todavía una suspensión por la “ruptura del orden democrático”, por lo que no estaba presente el presidente de ese país, Nicolás Maduro.

El documento subraya “la preocupación por el agravamiento de la situación” nicaragüense que se “deteriora hace ya 8 meses”.

Reiteran “enfáticamente su condena a los hechos de violencia que han provocado la pérdida de numerosas vidas y rechazan la represión generalizada y sistemática contra ciudadanos y extranjeros”.

Menciona “las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias” que el gobierno de Managua “ha perpetrado contra la población civil, incluidos los defensores de los derechos humanos”.

El Mercosur y sus miembros asociados: Colombia, Chile, Ecuador y Perú, “hacen un llamado” a la presidencia nicaragüense de Daniel Ortega para que permita “trabajar libremente a los mecanismos regionales e internacionales de protección y promoción de los derechos humanos”.

El bloque advierte que deben “permitirse la investigación de todos los hechos de violencia ocurridos desde el inicio de las manifestaciones populares del 18 de abril”.

En ese contexto le reclaman al gobierno de Nicaragua “la desarticulación de las organizaciones paramilitares, restableciendo plenamente las garantías civiles y políticas en el país”.

Añade que debe ser asegurada “la libertad de expresión del pueblo nicaragüense y su derecho a manifestarse libremente”.

El comunicado, en términos inusualmente duros, exhorta “al gobierno a retomar sin dilaciones el camino del diálogo para encontrar una solución pacífica y negociada, que devuelva al pueblo el pleno goce de sus derechos civiles y de sus libertades fundamentales”.

La condena del Mercosur es la última a las varios reclamos expresados por distintos organismos internacionales. En julio pasado, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una resolución de condena al régimen sandinista y le pidió adelantar las elecciones dos años, a marzo del 2019. Con 21 votos a favor, tres en contra e igual número de ausentes y siete abstenciones, el régimen nicaragüense recibió un duro llamado de atención.

En esa fecha, el presidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó lo que consideró una “injerencia” estadounidense en el conflicto en Nicaragua y denunció que el “imperio” ha desplegado “estrategias criminales” contra el régimen de Ortega.

“En el aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, denunciar que el imperio está desplegando estrategias criminales contra el gobierno del hermano Daniel Ortega”, escribió también en Twitter el gobernante boliviano.

CARTA DEMOCRÁTICA

En tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó ayer a la Organización de Estados Americanos (OEA) a que “adopte” las medidas necesarias para lograr el “cumplimiento” en Nicaragua de la Carta Democrática Interamericana.

Ante la “continua violación de derechos humanos y la alteración del orden constitucional” en Nicaragua, la SIP exhortó en una carta a la OEA a que evalúe las “medidas necesarias para el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana” en ese país.

Según la agencia EFE, en la carta enviada ayer al secretario general de la OEA, Luis Almagro, los directivos de la SIP expresaron su “extrema preocupación por el asedio del régimen nicaragüense a las libertades de expresión y prensa”.

La presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, pidieron, por ello, que la OEA evalúe las “medidas necesarias para el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana” en Nicaragua y consideraron que la “situación en el país centroamericano requiere acciones contundentes”.

Además, la SIP recordó a la OEA que su Consejo Permanente aprobó resoluciones sobre Nicaragua el 18 de julio y el 12 de septiembre pasados en las que se pidió al Gobierno nicaragüense “poner fin a los actos de violencia y violaciones de los derechos humanos” y a “facilitar el diálogo nacional para poner fin a la crisis”.