Se produjeron ya dos comicios electorales para el Tribunal Supremo de Justicia y antes de la segunda elección, Álvaro García Linera expresó, respecto a la podredumbre de la administración de justicia en el país, los mejores vaticinios de que nuestra justicia será ejemplo para el mundo en este segundo periodo constitucional en ese ámbito. Lo evidente es que una vez más se confirma que la novedosa manera de imponer jueces fue un insuperable desastre. Nada se puede decir a favor de un sistema de designación, es decir mediante elecciones, de quienes por mandato constitucional están encargados de administrar justicia en el nivel jerárquico más alto. Quien sostenga que la justicia en nuestro país es eficiente o cuando menos aceptable, verdaderamente es un miope. Pero quien afirme que las graves deficiencias de nuestra justicia, que datan de tiempos remotos, se han atenuado gracias al “democrático” sistema de elección, es simplemente un demagogo.
La naturaleza de un servidor que en el andamiaje del Estado tiene por misión dar lo que a cada uno le corresponde, no admite su acceso a esa instancia cual si se tratase de una autoridad política. Y no es que se pretenda atribuir con carácter de exclusividad los males de nuestra justicia a la torpe prescripción constitucional de elegirlos mediante sufragio universal. La justicia boliviana fue desde siempre temida, al extremo de haberse acuñado en torno a ella un adagio irrepetible para mi gusto, por comprometer él, además, a los amigos y las mujeres de países vecinos, por los que en lo personal, sí guardo una especial consideración.
Pues, en los hechos, es sabido que en aplastante porcentaje las autoridades judiciales fueron nombradas a dedo, incluidas las del Tribunal Constitucional Plurinacional que, en los últimos tiempos, duro golpe asestaron a la democracia y, por supuesto, los jueces inferiores que obedecen las instrucciones e intereses del MAS. Hubo miles de denuncias en los últimos años contra jueces; jueces privados de libertad por ignominiosos actos de corrupción comprobada; innumerables casos de inocentes en cárceles y de peligrosos delincuentes campeando en las calles; negativa a iniciar, cuando menos, investigaciones de altas autoridades del gobierno, por evidentes cuestionamientos en el desempeño de sus cargos, a lo que se suma una inocultable limitación formativa de varios operadores de justicia, cuyo único mérito es su afinidad al régimen.
El gobierno central ejerce control total de la justicia porque ha recurrido a un ominoso método de elección, ya no al cuoteo del pasado, sino a algo peor: a la imposición de autoridades serviles. ¿Qué ha mejorado en la justicia boliviana? Absolutamente nada, pero sí se han profundizado la prebenda, el cohecho, la ineptitud, expresadas en casos paradigmáticos como el Fondioc, la quema de la Alcaldía de El Alto, La Calancha, Chaparina y otros, que nunca fueron esclarecidos.
A casi un año desde que el presidente Evo Morales posesionó a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y que la ciudadanía cuestionó, desde más antes, ese lapidario sistema de elección de las nuevas autoridades judiciales y el MAS, no entendió que por siglos las principales virtudes que los jueces deben poseer son la prudencia y la sabiduría. Pero esta forma de entender el rol del magistrado ha sido subvertida por una inconducta ética que nos ha conducido a un colapso en esta materia.
“El juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley”, a decir de Montesquieu, por lo que debe asumir el rol de un poder neutral, ser idóneo y excelente, imparcial e independiente; virtudes que el calamitoso sistema de elección en unos casos y de designación en otros, que el gobierno actual ha adoptado, han desaparecido -salvo honrosas excepciones-. No sé si alguien sabe de algún cambio favorable que nuestra justicia haya experimentado. Yo solo veo sumisión al Órgano Ejecutivo y ensañamiento contra sus adversarios.
El autor es jurista y escritor.
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