Diarios del país impedidos de pagar doble aguinaldo

Los diarios del país, conjuntamente muchas empresas pequeñas y medianas de la industria, se ven ante la imposibilidad de pagar el doble aguinaldo dispuesto por el gobierno. Los diarios, contrariamente a muchas industrias privadas del país, confrontan dificultades que se hacen insalvables en momentos en que hay que atender gastos imprevistos y no generales que determinan costos, como el doble aguinaldo. Una medida que, si bien, aunque nominalmente favorece a los trabajadores, es contraria a principios de sana economía y, en sus consecuencias, complica seriamente la situación de las empresas.

Los diarios del país, según estudios realizados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), “A diferencia del sector privado que recibieron estímulos a sus actividades, enfrentan la mayor presión financiera debido a una baja de ventas, constantes multas por supuestas faltas tributarias, sanciones de entidades recaudadoras de la seguridad social y del Ministerio de Trabajo por temas relacionados a caprichosas normas de seguridad industrial”. Señalan, además: “Las presiones del gobierno y los legisladores del partido oficialista se expresaron en leyes y decretos que provocan pérdidas a los diarios de manera sistemática, mientras se ahuyenta a los anunciadores privados con advertencias de procesos tributarios por publicar avisos en medios independientes”.

Los diarios, desde el pago del primer doble aguinaldo, han tenido que contraer préstamos bancarios que aún están pagando. Las presiones financieras expresan, según la ANP, “en 13 leyes aprobadas por la bancada oficialista y promulgadas por el Ejecutivo, que impusieron medidas arbitrarias como la publicación de avisos de gran dimensión sin pago alguno a los medios impresos”. “Cada periódico debe destinar grandes espacios en páginas preferenciales, a colores, para cumplir las 13 leyes y rechazar las solicitudes de anunciadores privados que eligen páginas exclusivas por su valor comercial. El resultado inmediato es la pérdida del ingreso y del cliente que desiste de realizar anuncios en el medio”. “Las pérdidas son incalculables desde octubre de 2010 cuando el gobierno impuso la primera medida de los avisos gratuitos en la Ley contra el Racismo y desde entonces 12 leyes más se sucedieron en una permanente confiscación de recursos”.

El problema es grave y da lugar a examinar y encontrar, si es posible, remedios a situación tan difícil. Los diarios del país se encuentran, pues, en la disyuntiva de reducir el número de páginas, reducir personal -que no es deseo de ningún diario-, reducir ediciones o, en extremo, adoptar medidas drásticas para evitar nuevos quebrantos que, más temprano que tarde, implicarán el cierre del medio; esto, en el fondo, significaría que todo complotó contra la libertad de prensa y expresión porque esa libertad no está sujeta solamente a que se evite publicaciones inconvenientes al régimen sino una forma de presionar para que esa libertad no sea cierta, aunque sea “debido a cuestiones económicas”.